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El nuevo modelo de bono social, el descuento que se aplica a los consumidores de energía eléctrica más vulnerables, costará entre 230 y 235 millones de euros al año, frente a los 180-200 millones que cuesta ahora, ha avanzado el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

Según el nuevo mecanismo de financiación del bono social, aprobado mediante real decreto-ley el pasado 31 de enero, esta ayuda debe ser costeada por todas las comercializadoras eléctricas y no sólo por las que desarrollan también actividades de generación y distribución, como ocurría hasta ese momento.

Las empresas se encargarán de financiar aproximadamente la mitad, mientras que el resto lo harán entre el estado y las Comunidades Autónomas. La parte de las compañías se trasladará al consumidor final por lo que entre todos se pagará el bono social.

El real decreto que desarrolla la normativa sobre el bono social, que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha remitido hoy a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), estará aprobado previsiblemente en junio, según el cálculo que ha realizado Navia tras presentar el informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y de la Universidad de Harvard sobre el almacén de gas Castor.

Una vez que pase por la CNMC, el borrador de real decreto se remitirá al Consejo de Estado.

Navia ha explicado que, tras su aprobación, se abrirá un periodo transitorio de seis meses para adaptar la nueva legislación.

El borrador del real decreto establece un mecanismo de acceso al bono social basado en criterios de renta de la unidad familiar.

No obstante, podrán acogerse las familias numerosas y las unidades familiares en las que uno de sus miembros sea pensionista por jubilación o incapacidad permanente y perciba la cuantía mínima.

En la actualidad se pueden beneficiar del bono social las familias con todos sus miembros en paro, los perceptores de pensiones mínimas, las familias numerosas y los consumidores con una potencia contratada inferior a tres kilovatios.

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