La Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo ha elevado los objetivos de energía y clima para 2030 en los primeros debates sobre la revisión de las directivas del “paquete de invierno”, propuestos por la Comisión Europea hace un año. El objetivo de renovables pasa del 27% al 35% (12% para el transporte) y el de eficiencia energética del 30% al 40%, vinculantes para el conjunto de la UE, pero no para los estados miembros.
Lo ajustado de las votaciones presagia que el debate de enero en el pleno del Parlamento Europeo y la posterior negociación con el Consejo Europeo pueden modificar lo acordado; sin embargo, el Europarlamento ha conseguido una mayor coherencia entre los objetivos de renovables, eficiencia energética y la reducción del 40% de las emisiones de CO2, comprometido en el Acuerdo de París de 2015. La descarbonización de la economía europea exige mayores cuotas de renovables y de eficiencia energética para ser creíble.
A estos acuerdos hay que sumar la reclamación de una estrategia para la más alta eficiencia energética en los edificios, con indicadores inteligentes, puntos de recarga para el vehículo eléctrico y estrategias nacionales de rehabilitación energética. El nuevo paquete de movilidad para reducir en 2025 las emisiones de los vehículos un 15% (80,5 gramos de CO2 por Km.) y un 30% en 2030 (66,5 gramos de CO2 por Km.), con el respaldo a una industria europea de baterías de almacenamiento, la disminución anual de los derechos de emisión a partir de 2021 y el límite de 550 gramos de CO2 kWh a las centrales térmicas, han abierto una dura pugna entre los grupos de presión que apoyan al gas y al carbón.
La falta de objetivos nacionales vinculantes y el margen del 10% que se da a cada país para cumplir el objetivo de renovables hacen difícil la vigilancia de su cumplimiento; sin embargo, el paquete aprobado es tan amplio que si se compara con las alegaciones presentadas por España se concluye que la mayoría de ellas no se ha tenido en cuenta y contradice de tal manera la regulación española que, a pesar de los matices, el paquete de invierno determinará un cambio de nuestro modelo energético.
Algunos ejemplos dejan en evidencia la actual regulación: el derecho al autoconsumo y al autoconsumo compartido con almacenamiento sin impuestos, tarifas o cargas; el derecho de los consumidores a asociarse en cooperativas de energía renovable sin condiciones o procedimientos injustificados; simplificación administrativa a proyectos renovables hasta 1 MW; sistemas estables y predecibles de apoyo a las renovables; estabilidad regulatoria, seguridad jurídica sin normas retroactivas; incremento de dos puntos porcentuales cada año de renovables en la calefacción y refrigeración y, sobre todo, el aumento de objetivos de renovables y eficiencia energética.
La oposición expresada en las alegaciones del Ministerio de Energía a estas medidas vuelve a poner de manifiesto la importancia decisiva de las directivas europeas en el progreso de las renovables y la eficiencia energética en España. Así ha ocurrido con las directivas vigentes, como ha manifestado el presidente de APPA, y así ocurrirá con las futuras directivas. La intención de la Comisión Europea de descarbonizar la economía europea y reducir la dependencia energética de los hidrocarburos no existe en la política energética española, que pretende afrontar el más alto coste de la electricidad de Europa con más carbón y más gas.
Otro aspecto relevante del paquete de invierno es que establece un modelo energético basado en la generación descentralizada y la gestión de la demanda a través de los propios consumidores. Esta es la definición de la transición energética: el paso de un modelo energético centralizado, donde las centrales térmicas ocupan el centro del sistema, a un modelo descentralizado en el que el consumidor es el centro de todas las decisiones a través de la gestión de su demanda.
Las nuevas directivas no solo obligan a cambiar el mix energético para afrontar con más potencia renovable las variaciones climáticas, sino a hacerlo con generación descentralizada y distribuida, es decir, con microgeneración renovable en edificios y empresas y no con instalaciones renovables a gran escala, que es el modelo de las subastas de 2016 y 2017.
La Comisión Europea ha reconocido que las renovables abaratan el precio de la electricidad y que su margen de reducción de costes las hace más competitivas que los combustibles fósiles y las nucleares. El rápido desarrollo de las baterías de almacenamiento también se está demostrando como más competitivo que cualquier energía de respaldo. No reconocer esta transformación de los mercados energéticos en las normas nacionales implica costes energéticos más elevados para el futuro.
El marco estratégico de la Unión de la Energía estableció en 2015 el principio de que cada estado miembro tiene libertad para decidir el mix energético que quiera. El cumplimiento de las directivas europeas depende ahora más de la voluntad política de los gobiernos que de la Comisión Europea. Conocida es la práctica de los gobiernos españoles de transponer las directivas de forma parcial, dispersa y fuera de plazo; pero es un riesgo mayor que este debate pase inadvertido para la sociedad española.
El Parlamento Europeo acordará en enero una resolución sobre las nuevas directivas y a partir de ese momento los gobiernos nacionales intentarán rebajar su alcance en el Consejo Europeo. Es el momento de trasladar ese debate a la opinión pública para que cuando las directivas entren en vigor poder exigir su transposición o demandar a las instituciones europeas y a los tribunales su cumplimiento. En contra de lo proclamado desde el Ministerio de Energía, los objetivos de energía y clima son la mayor oportunidad de crecimiento y de creación de empleo que tiene España a corto plazo.
Javier García Breva es Asesor en políticas energéticas, presidente de N2E y Miembro del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía.
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