El PSOE se posiciona con Alcoa y exige al Gobierno que medie para que no cierre las plantas de Avilés y A Coruña

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Planta de Alcoa en A Coruña.
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Planta de Alcoa en A Coruña.
Planta de Alcoa en A Coruña.

El Grupo Socialista del Senado ha solicitado la comparecencia del Ministro de Industria, José Manuel Soria, para que informe sobre el cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña como consecuencia del incremento de sus costes energéticos tras el resultado de la subasta de interrumpibilidad.

El servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad es un mecanismo que permite cortar el suministro eléctrico a determinadas empresas a cambio de bonificaciones.

El portavoz socialista en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, Jesús Alique, pide al Gobierno un esfuerzo para que “tercie” y “trate de frenar” los planes de la multinacional del aluminio y le reclama voluntad política para corregir “el error” en la próxima subasta que tendrá lugar en los próximos días.

En esta misma línea se pronuncia el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, que reclama también la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La finalidad de esta comparecencia, señala el PSOE, es conocer la valoración que hace el Ejecutivo sobre la decisión de Alcoa, tal como ya ha notificado a los representantes de los trabajadores en el inicio de un procedimiento de despido colectivo en el que están en juego 800 puestos de trabajo.

Por otro lado, CCOO reclama al Gobierno que modifique el sistema de subasta de interrumpibilidad para garantizar la competitividad de las instalaciones y de las empresas muy intensivas en electricidad y reclama que se lleve a cabo una subasta de repesca que dé entrada a las 26 plantas que se quedaron fuera.

El sindicado pide, por tanto, una nueva subasta que distribuya los 200 millones pendientes de asignación a fin de que se eviten situaciones traumáticas en el funcionamiento de las plantas.

Máxime, añade, cuando 19 bloques fueron adquiridos por entidades no industriales, lo que, según el sindicato, abre la puerta a la especulación tal y como ha sucedido con los derechos de emisión de CO2.

En opinión del sindicato, el sistema de subastas ideado por el Ejecutivo pone en riesgo a los grandes consumidores de energía al recortar los ingresos de algunas plantas a la mitad y dejar fuera a más de una veintena de instalaciones.

En la pasada subasta, se contrataron los 2.000 MW necesarios para este servicio por un coste de 352 millones, 200 millones menos de lo planificado. 

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