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Los servicios sociales de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas deberán acreditar mediante la expedición de un documento que un consumidor es “vulnerable severo”, lo que le protegerá de los cortes de luz, según se recoge en la propuesta de real decreto-ley sobre pobreza energética acordado ayer entre PP y PSOE, a la que ha tenido acceso El Periódico de la Energía.

La norma -que regula la financiación del bono social y otras medidas de protección al consumidor- incluye varias modificaciones de la ley del sector, entre ellas la de incluir la citada categoría de consumidor “vulnerable severo” en el epígrafe de “suministros esenciales“, es decir, aquellos a los no se les puede suspender el suministro.

Así, se incluye en el apartado 4 del artículo 52 -en el que se establecen esos supuestos de suministros esenciales- una nueva categoría que se suma a los ocho ya existentes (hospitales, fuerzas de seguridad, alumbrado público, etcétera) y en las que en “ningún caso” puede suspenderse el suministro.

En ese nuevo apartado se incluye a “aquellos suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén siendo atendidos, respecto a estos suministros, por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes por hallarse, en atención a su renta, en riesgo de exclusión social”.

El borrador del texto también añade que estos suministros se circunscribirán a personas físicas en su vivienda habitual y que “todo lo anterior deberá ser acreditado mediante documento expedido por los servicios sociales de las referidas Administraciones Públicas”.

Además de incluir a estos consumidores, el texto prohíbe que se puedan aplicar recargos posteriores a esas situaciones de morosidad.

El borrador de la normativa, que podría ir este mismo viernes al Consejo de Ministros, también regula el nuevo modelo de financiación del bono social, que pasarán a costear todas las comercializadoras eléctricas y no solo las que tiene además actividades de producción y distribución como ocurría hasta ahora.

El Tribunal Supremo tumbó recientemente ese modelo de financiación por considerarlo discriminatorio.

El nuevo repartirá el coste de esta herramienta -unos 200 millones de euros al año- entre un mayor número de empresa aunque la mayor parte seguirá cayendo en las tres grandes -Endesa, Iberdrola y Gas Natural- por sus cuotas de mercado.

La propuesta de normativa también incluye, tal y como había señalado el Gobierno, que las eléctricas “cofinancien” con las Administraciones Públicas el suministro de energía eléctrica de aquellos consumidores que entren en esa categoría de “vulnerables severos”.

El texto también pone un plazo máximo de tres meses, como se anunció ayer, para aprobar las normativas de desarrollo necesarias para su aplicación.

El Gobierno y el PSOE firmaron ayer un acuerdo sobre estas reformas, que también apoya Ciudadanos.

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