El servicio de interrumpibilidad, un desatino más del disparate eléctrico

Los españoles soportan una tarifa de la luz desorbitada, y el único culpable de tal despropósito es el intenso intervencionismo público que han ejercido -y siguen ejerciendo- los distintos Gobiernos en el mercado eléctrico. El de la energía es uno de los sectores más regulados y menos libres que existen en España. Y el problema es que la clase política ha aprovechado su poder absoluto en esta materia para determinar de forma arbitraria y, sobre todo, profundamente errónea algo tan esencial como el mix energético y el precio de la electricidad, generando así gravísimas distorsiones cuyo elevado coste afrontan ahora los consumidores en forma de una factura cada vez más cara.

Efectivamente, en contra de lo que se suele aducir, el libre mercado brilla por su ausencia aquí, ya que es el Gobierno el que decide cómo se produce la electricidad y a qué precio -los peajes de acceso suponen casi el 60% de la factura final y son fijados por Industria-. Y entre todos estos hay uno -el servicio de interrumpibilidad- que chirría, no tanto por su cuantía, que no es poca -550 millones de euros- sino por el desvarío que supone pagar una compensación a la gran industria por permitir que se les corte el suministro eléctrico en el caso de que lo requiera el sistema cuando se producen puntas de la demanda. El tema tendría algún sentido si el sistema no pudiera dar respuesta a la demanda, pero carece de el cuando la capacidad del sistema está parada o infrautilizada en más de un 50%. En este caso se trata simplemente de un desvarío, que sólo sirve para compensar a algunas industrias por el disparate de los precios de la electricidad en nuestro país. No pasa nada, paga el consumidor.

El dislate es mayúsculo además de injusto, ya que supone discriminar a unas industrias respecto de otras y cargarle el coste al consumidor. Pero eso, por desgracia, se ha convertido en algo cotidiano en este país. El Periódico de la Energía ha tenido acceso al borrador de la orden de revisión de peajes de luz para 2015, según el cual las industrias vascas disfrutarán de una bajada de peajes del 15% en el término de potencia y del 12% en el de energía. ¿Por qué la industria vasca y no la andaluza, la catalana o la extremeña? Cosas de la política, terreno en el que los favores, antes o después,  se acaban pagando. Algo que, a todas luces, es inaceptable.

De coste regulado a coste de la energía

Precisamente, en ese borrador, el Ministerio de Industria anuncia que congelará en enero la parte del recibo de la luz dedicada a sufragar costes regulados, conocida como peajes, pero lo hará después de trasladar unos 550 millones de euros de estos costes a otra parte de la factura, la correspondiente a la energía. En concreto, la disposición final primera del borrador de la orden establece como novedad que el llamado servicio de interrumpibilidad, consistente en un incentivo a las industrias por consumir menos cuando lo requiera el sistema, "se integrará a efectos de su liquidación como coste de la energía" en vez de hacerlo como coste regulado.

De esta forma, los 550 millones de la interrumpibilidad incluidos en costes regulados en 2014 desaparecen del escenario de costes de 2015, si bien el consumidor seguirá pagándolos, pero a través de los costes de energía de su recibo. Además de un  dislate, un burdo engaño al que habría que poner fin y no seguir aumentando la carga del sufrido consumidor. Pero al Gobierno no parece importarle: como paga el consumidor, barra libre.

Esta práctica cada vez más generalizada es nociva por injusta y, además, pone en peligro algo tan importante como es la unidad de mercado y la igualdad de oportunidades para todos los españoles y, en este caso, empresas. Un  tema clave, que ha sufrido numerosos embates en el proceso de descentralización operado en la construcción del Estado autonómico y al que, lo único que le faltaba ahora es que sea el propio Estado, a través del Ministerio de Industria, quien propicie la  desigualdad y la fragmentación del mercado nacional.

El Estado tiene un importante papel en la sociedad, con funciones tan básicas como la de establecer un marco institucional adecuado para que la economía funcione de manera eficiente. Las regulaciones –cualquiera que sean sus justificaciones y objetivos– tienen un impacto más allá de su área de control y producen efectos no intencionados sobre el conjunto de la economía. Y la ruptura de la unidad de mercado puede ser uno de ellos, a tenor de tantos 'favores' a unos y otros.

Una subasta polémica

En estos momentos, una buena parte de la industria está en pie de guerra con la primera subasta de interrumpibilidad. En el marco de la reforma eléctrica y con el objetivo de que los pagos se asignaran de forma competitiva, el Gobierno introdujo el sistema de subastas. En la primera subasta, celebrada a medidos de noviembre, se asignaron todos los bloques de 90 megavatios (MW), dirigidos a grandes industrias, pero quedaron sin cubrir algunos de los bloques de 5 MW, destinados a empresas medianas y que suman unos 200 millones de euros.

Los primeros en saltar fueron los cementeros, que no han dudado en recurrir ante el Tribunal Supremo la orden que regula el mecanismo de asignación de este servicio. Tras la primera subasta fueron los siderúrgicos los que mostraron su descontento por el resultado de la subasta de interrumpibilidad y han reclamado al Gobierno que se libere al sector del pago de cargas que no se corresponden con los costes inherentes a la generación eléctrica o, lo que es lo mismo, que se les libere de parte de los peajes. La última en protestar ha sido Alcoa. La multinacional del aluminio amenazó con aplicar un despido colectivo en las plantas de Avilés y A Coruña, ante la imposibilidad de acceder a energía a precios competitivos.

La reacción de Soria no se ha hecho esperar. El ministro de Industria ha advertido: “Supongo que nadie estará planteándole al Gobierno que establezca unas condiciones singulares y particulares en una subasta para un determinado número de empresas en relación a otras empresas". Para a continuación afirmar rotundamente que "la subasta se ha hecho en las mismas condiciones para todas las empresas”. El hartazgo del ministro está plenamente justificado, dado que la amenaza viene de parte de una empresa que, desde que se instaló en España en 1998 mediante la compra de Inespal -antigua Endasa-  no ha cesado de recibir cuantiosas bonificaciones para ver rebajada su factura de la luz, que supone más o menos el 40% de sus costes de producción.

Industria ha anunciado que, dado que ha quedado una cuantía elevada de megavatios (MW) por cubrir, el Gobierno hará otra subasta a la que podrán acudir todas las empresas que quieran, pero, ha destacado, siempre “con las mismas condiciones” para todas. Pero esa no es la solución. La solución no se puede sustentar en un desatino, ni estriba en intervenir aún más los precios o en que el Gobierno reconfigure a voluntad un mix energético que hace aguas, se mire por donde se mire, y mucho menos en mirar hacia otro lado o mantener una sistemática política de parcheo que no conduce a ninguna parte. La única receta eficaz consiste en atajar la raíz del problema y, por tanto, sustituir el intervencionismo por el libre mercado. Dicho de otro modo, que los consumidores y no los políticos decidan libremente qué energía producir y a qué precio. El Estado ya ha demostrado de forma fehaciente su nula capacidad para gestionar algo tan esencial como la energía. Lo que necesita la industria de verdad es un  mercado eléctrico libre, y en este no caben, hoy por hoy, ni lo servicios de interrumpibilidad ni otros tipos de prebendas.