La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo rechaza suspender de forma cautelar el decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones.
La Sección Tercera ha dictado los tres primeros autos rechazando acordar las medidas cautelares solicitadas por tres recurrentes, a los que ha tenido acceso El Periódico de la Energía. Se trata de los recursos presentados por Energyworks San Millán, Energyworks Fonz y Energías Alternativas Murcianas.
La suspensión generalizada de la Orden, según los autos, podía poner en riesgo la estabilidad financiera del sistema eléctrico español. Asimismo, dicen los magistrados que el nuevo régimen retributivo “a la vez que trata de evitar esas consecuencias, confiesa su voluntad de permitir que este tipo de instalaciones cubran los costes necesarios para competir en el mercado, en un nivel de igualdad con el resto de tecnologías y que obtengan una rentabilidad razonable”.
De igual forma, el resarcimiento posterior para los productores sería “posible en todo caso”, si se admitiera que su aplicación puede generar un “inmediato perjuicio económico” para sus titulares, por lo que el Alto Tribunal no ve necesaria su suspensión.
Así, el Supremo impone las costas de los procesos a las partes recurrentes, si bien limita hasta una cifra máxima de 1.000 euros la condena al pago de las costas a satisfacer a la parte contraria.
La Sala tampoco accede a la suspensión de forma cautelar de la Orden para categoría o tipologías de instalaciones singulares. De hacerlo, según los magistrados, encabezados por Pedro José Yagüe Gil, presidente de la Sala Tercera, también podría paralizarse de forma generalizada el nuevo régimen retributivo aplicable a las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
El Supremo ha admitido a trámite 350 recursos contra el Real Decreto y la Orden de parámetros retributivos de las instalaciones.