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La Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón se constituyó el 10 de septiembre de 1998 con un carácter educativo y cultural. Su creación respondió a los acuerdos incluidos en el Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aportó la totalidad de su dotación fundacional por un importe de 6.010.121 euros, previo Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de julio de ese mismo año.

El 28 de marzo de 2006 se firmó el Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012 (PNREC), aprobado en Consejo de Ministros de 31 de marzo de dicho año. Dentro del mismo aparecía contemplado el programa de formación con una dotación de 280 millones de euros, encomendándose su gestión a la Fundación. Unos 40 millones al año.

El objeto fundacional consistía en la colaboración al desarrollo económico alternativo de las zonas mineras del carbón y al fomento al acceso a los distintos niveles educativos y de capacitación profesional para contribuir al empleo en las citadas zonas mineras. Las actividades realizadas para el logro de su objetivo fueron la concesión de ayudas y becas y la firma de convenios de formación para el empleo.

Con todo esto, el Tribunal de Cuentas asegura que “aunque esta Fundación desapareció en 2013, fruto de la racionalización del sector público empresarial y de fundaciones del Estado llevada a cabo, se deja constancia de algunas irregularidades importantes”.

“Según el Tribunal de Cuentas, la irregularidad más grave en la que ha incurrido la llamada Fundación del Carbón –que gestiona las becas de formación de los fondos mineros y depende del propio Gobierno (Ministerio de Industria, Energía y Turismo por entonces)– es que, desde que se constituyó en 2002, y al menos hasta 2010, adjudicó a dedo (sin «publicidad, concurrencia y objetividad») la gestión de la Fundación a la empresa Infoinvest. Esta adjudicación anual tuvo únicamente en 2010 un coste de 1.379.781 euros”.

Entre esos años, hubo dos gobiernos distintos, el de José María Aznar y el de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo este último el que más años estuvo al frente de Moncloa en los ejercicios señalados.

Infoinvest era en su momento una sociedad que pertenecía a la SEPI. Ahora lo sigue siendo, pero en 2011 la integró en SEPI Desarrollo Empresarial (Sepides). Esta empresa consiguió unos contratos valorados en más de 10 millones de euros. De esta manera, la SEPI recogió sus beneficios por aportar los más de seis millones en el lanzamiento de la Fundación.

Ana Zúñiga fue la directora de la Fundación a nombre de Infoinvest durante los últimos años de vida.

Según el informe del Tribunal de Cuentas, “el contrato ha sido objeto de sucesivas renovaciones anuales, haciéndose mención en cada prórroga firmada por las partes al precio a satisfacer y a su desglose, en el sentido descrito en el punto anterior, salvo para el ejercicio fiscalizado, donde el Patronato de la Fundación acordó, tal como figura en las actas números 63 y 65, la continuidad del contrato sin hacer mención alguna al precio vigente para este año, el cual aparecía únicamente recogido, de forma global, en el Plan de Actuación de la Fundación para 2010 (1.894.320 euros) y sin que Infoinvest manifestase por escrito la conformidad con este nuevo importe“.

En ese momento, el Patronato de la Fundación tenía 14 miembros y estaba presidido por el Presidente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), que pertenece también al Ministerio de Energía.

“Pese a la inexistencia de este desglose, las facturas emitidas por la citada Sociedad (Infoinvest) incluyeron de forma diferenciada un componente fijo y otro variable, justificándose exclusivamente el segundo. Sobre el componente fijo, que ascendió a 1.379.781 euros (un 3% superior al del año 2009), la Fundación no había autorizado expresamente su importe”, dice el Tribunal en su informe.

Pero eso no es todo. “A pesar de que, de acuerdo con el referido contrato, Infoinvest debía dar cuenta de la ejecución anual del mismo mediante informes (de carácter trimestral y uno final), donde se recogiera la información sobre la ejecución de los programas y la evaluación global de su ejecución en relación a los objetivos previstos y los gastos incurridos, la Fundación del Carbón, controlada por el Gobierno, únicamente aportó informes de carácter semestral elaborados por dicha empresa, donde no se hacía referencia ni a la evaluación global ni a los gastos incurridos”.

Además, el objeto del contrato incluía la prestación de los servicios de gestión de personal en lo relativo a nóminas, Seguridad Social e IRPF, pese a lo cual la Fundación abonó indebidamente a otra empresa un total de 1.053 euros por estos servicios.

La Fundación del Carbón suscribió el 4 de febrero de 2002 un contrato con Infoinvest, de un año de duración y prórrogas tácitas, mediante el cual esta última se comprometía a ejecutar y coordinar los programas de ayudas y becas para las zonas mineras del carbón, además de los servicios de gestión financiera, contable, de asesoramiento jurídico y fiscal y, según modificación de 18 de diciembre de 2002, la gestión de personal en lo relativo a nóminas, Seguridad Social e IRPF. Estas prestaciones constituían, por tanto, la totalidad de la gestión principal y de los servicios accesorios que pudieran derivarse del funcionamiento económico de la Entidad.

La Fundación se obligaba al pago del precio, cuyo importe no superaría la cantidad establecida en el contrato, desglosándose en un importe fijo, por gastos de personal, indirectos y de amortizaciones, y otro para gastos de funcionamiento, de carácter variable.

En definitiva, la adjudicación se realizó de forma directa, sin solicitar otras ofertas, vulnerando los principios de publicidad y concurrencia rectores de la contratación del Sector público.

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