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Los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han dado su visto bueno para reabrir la central nuclear de Garoña. La Propuesta de Dictamen Técnico (PDT), un documento de más de 200 páginas que a su vez resume más de 160 informes técnicos, ha valorado las medidas de seguridad que se consideran necesarias “sin calcular el coste de las mismas” para ampliar la vida útil de la central hasta 2031, explican fuentes internas del CSN a este diario.

“Y no se conoce el coste porque el único que puede saber la cifra de las inversiones que las eléctricas tienen que destinar a reabrir Garoña es Nuclenor, no es un asunto del que se ocupe el CSN”, añaden.

El expediente sobre la renovación incluye aspectos como la autorización de explotación, las medidas de seguridad física, las medidas a raíz de las pruebas de resistencia post-Fukushima o la modificación del diseño sobre los sistemas eléctricos.

“Lo más llamativo es que Nuclenor no ha hecho prácticamente ninguna de las inversiones en mejoras exigidas en el informe, está prácticamente igual que en 2009 y le van a dar la renovación de la utilización de la explotación prohibiéndole cargar combustible y operar a potencia, basándose en el artículo 12 del Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas”, advierten las fuentes.

Según este artículo, la autorización de explotación, ‘faculta al titular a cargar el combustible nuclear o a introducir sustancias nucleares en la instalación, (…) y a operar la instalación dentro de las condiciones establecidas en la autorización’, y según el informe “no pueden ni cargar combustible ni operar a potencia porque no han hecho prácticamente ninguna inversión seria desde 2009, condiciones establecidas en esta autorización”, explican.

“Si el informe técnico le da permiso para funcionar a Garoña hasta 2031 pero a condición de hacer una serie de modificaciones y mientras tanto no puede cargar combustible, o sea, no puede funcionar, es fácil entender que los propietarios puedan tener la intención de no ponerla en marcha nunca“, comenta Carlos Bravo, experto en energía nuclear y consultor ambiental.

Ahora le toca al Pleno del Consejo, a los cinco miembros que lo forman (tres nombrados por el PP y dos por el PSOE), estudiarlo y llevarlo a discusión interna varias veces durante más o menos un mes y medio, ya que tanto el presidente como los consejeros pueden solicitar hasta dos aplazamientos, lo que significa que para la última quincena de marzo se sabría definitivamente su decisión (si no antes), una decisión que se decidiría por mayoría.

Tras el visto bueno del CSN sería el Ministerio de Energía, es decir, el Gobierno, el que debería conceder la autorización final para su reapertura, y si así lo hiciera, finalmente recaería la decisión última en las eléctricas propietarias de la central, es decir, en Endesa e Iberdrola.

Posicionamiento político

En cuanto se ha conocido las conclusiones del informe técnico del CSN, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha reiterado la postura “claramente contraria” de las instituciones vascas a la reapertura de la central.

Todo lo contrario que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera del PP, quien ha opinado que la central nuclear de Garoña es una planta “necesaria para la producción energética” y ha dicho que si el Consejo de Seguridad Nacional decide renovar la licencia de explotación sería una buena noticia. “España no puede permitirse ningún tipo de frivolidad en torno a la garantía de los suministros energéticos”, ha explicado, además tendría una buena repercusión en el empleo ya que podría mantener 500 empleos directos y alrededor de mil indirectos en el entorno de Miranda de Ebro.

También se han retomado los cruces de acusaciones políticas. Por una parte, el diputado general de Álava del PNV, Ramiro González, ha responsabilizado al PP alavés de la posible reapertura de la central nuclear de Garoña, “una de las más antiguas del mundo” y en concreto a Javier Maroto y Alfonso Alonso, a quienes ha hecho “cómplices” de la decisión final que se tome.

En clave nacional, el partido ecologista Equo, integrado en Unidos Podemos, ha emplazado al PSOE y a Ciudadanos a que “cumplan su compromiso” e impidan la “aberrante” reapertura de la central nuclear burgalesa de Garoña. Según el coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde, ese informe es “una decisión cien por cien política, impulsada por el PP, que controla el pleno del CSN y que lleva años rebajando los requerimientos de las centrales nucleares para poder permitir alargar su funcionamiento a costa de la seguridad y del medio ambiente”.

Además, ha alertado de que con Garoña se quiere sentar un precedente y abrir el camino “para alargar la vida del resto de las centrales nucleares” ya que “ni siquiera se establecen plazos para su cierre”, algo que nunca había ocurrido. “¿Hasta cuándo van a mantenerla abierta, hasta que explote? Es aberrante”, ha declarado.

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