El voto particular de la consejera del CSN, Cristina Narbona, contra la reapertura de Garoña

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Cristina Narbona, vocal del Consejo de Seguridad Nuclear. FOTO: EFE
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Todos los consejeros del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) –menos el presidente– han presentado una explicación de su voto, favorable en tres casos y contrario en el de Cristina Narbona, quien asegura en que la propuesta de dictamen técnico reconoce que Santa María de Garoña (Burgos) “no ha cumplido en su totalidad los requisitos exigidos” que databan de 2009, por lo que la empresa “conocía” su coste desde hace “casi una década”.

Así, en el voto particular de la consejera, se aclaran los motivos de su discrepancia del informe favorable a la renovación, solicitada por Nuclenor, el titular de la central nuclear burgalesa, y que ha sido emitido este mismo miércoles. Este dictamen, junto con los votos se remitirán al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, para que el Gobierno pueda tomar una decisión al respecto.

En sus argumentos, considera que Nuclenor “no ha cumplido en su totalidad” los requisitos, una condición que se exigía para emitir un informe favorable, según constaba en la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) sobre documentación y requisitos adicionales” sobre de la solicitud de renovación que se emitió el 30 de julio de 2014.

Además, la consejera señala que de nuevo estos requisitos se reiteraron por escrito a Nuclenor en una carta del director técnico de Seguridad nuclear, Antonio Munuera, el 16 de abril de 2015.

De acuerdo con la misiva, “se considera necesario para la emisión del citado informe, el cumplimento del resto de los requisitos incluidos en la citada ITC, así como haber finalizado la implantación de las modificaciones de diseño incluidas en el apartado segundo de su solicitud par la renovación de la autorización de explotación”.

En la misma línea, añade que el propio presidente del CSN, Fernando Marti, en sede parlamentaria el 19 de octubre de 2016 dijo “literalmente” que se consideraba “conditio sine qua non para la emisión del informe preceptivo del Consejo, el cumplimiento de los requisitos de esta ITC”.

El foco de la cuestión está en cuatro modificaciones de diseño “muy significativas” para seguridad nuclear y la protección radiológica “cuyo alcance, coste y dimensión conoce perfectamente Nuclenor desde hace una década”. Se trata del sistema de tratamiento de gases de reserva; el aislamiento de la contención y pruebas de fuga; la independencia de sistemas eléctricos y la protección de incendios.

Según ha argumentado Narbona a Europa Press estas modificaciones venían de la renovación de Garoña en 2009 por lo que Nuclenor “sabía que las tenía que hacer porque eran muy básicas” y ha tenido tiempo suficiente.

EL NO ERA UNA OPCIÓN

Por ello, Narbona no identifica “ninguna razón” que justifique que la propuesta de dictamen técnico sea favorable a la renovación de la autorización de explotación de Garoña sin que se hayan cumplido esos requisitos, ya que el procedimiento administrativo de Administraciones Públicas “no prejuzga el sentido de la resolución”.

“Podíamos haber votado no, si no se cumplían las condiciones. En el momento en que estaban evacuados todos los informes había que votar, pero la opción era un informe negativo y que Nuclenor volviera a pedir una autorización cuando hubiera tenido hechas las modificaciones”, alega.

A su juicio es “imposible” que en el corto y medio plazo la central pueda operar a potencia, “dada la gran magnitud de las mejoras que aún le quedan”.

Por otro lado, Narbona discrepa porque el informe aprobado “no está en sintonía” con el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas que determina que el objetivo de una autorización de explotación “faculta al titular a cargar combustible nuclear”.

Otro de sus argumentos es que esta es “la primera vez” que el CSN informa favorablemente una renovación sin fijar un plazo de vigencia concreto y recuerda que hasta ahora este plazo se ha ido dando por diez años, vinculado a las Revisiones Periódicas de Seguridad que “obligatoriamente” se deben hacer cada diez años. Sin embargo, Nuclenor pidió una renovación por 17 años, algo que Narbona califica de “inédito” en la historia nuclear española y advierte de que supondrá modificar una buena práctica consolidada.

Precisamente, en la actualidad se está modificando la guía de seguridad 1.10, algo con lo que Narbona está “de acuerdo” salvo una “cuestión concreta”, la de que desaparezcan los diez años de la renovación. “El resto de la guía yo lo aceptaba porque va encaminado a exigencias mayores”, ha apostillado.

Si bien, le sorprende que la modificación no esté justificada en la memoria sino con una consideración “llamativa” concreta de la patronal eléctrica (UNESA) para eliminar la conexión entre las RPS del CSN cada 10 años porque “podría no ser coherente con el proceso actualmente en curso de la autorización de Garoña”.

Con todo, subraya que cuando se ha votado el dictamen de la central burgalesa “ni siquiera” se había aprobado esta actualización de la guía de seguridad.

En definitiva, denuncia que el pleno lleva una “larga cadena de decisiones adoptadas desde 2013 por la mayoría del pleno”, siempre con su voto en contra, para “facilitar la reapertura” de Garoña e iniciar la regulación de la operación a largo plazo del parque nuclear español.

EL RESTO A FAVOR

Por su parte, la vicepresidenta del CSN, Rosario Velasco, garantiza que ha estudiado y evaluado “con rigor” todos los informes que sustentan el dictamen y que igual que todas sus decisiones en el organismo regulador su voto “no es ideológico”, sino que se refiere exclusivamente a lo concerniente a seguridad nuclear y protección radiológica y responde estrictamente a “evidencias basadas en los informes técnicos”.

A su juicio, el debate sobre el futuro de la energía nuclear en España debe sustanciarse fuera del CSN. Respecto de su voto favorable, asegura que el CSN ha hecho un seguimiento y una evaluación “exhaustiva” según consta en toda la documentación; así como de la operación de la central nuclear de Garoña desde su anterior autorización de explotación de 2009 y precisamente eso ha sido “fundamental” para establecer los requisitos exigibles.

Velasco defiende que la propuesta emitida por el CSN garantizar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos antes de que eventualmente la planta pueda volver a la explotación y que esta se realizará de acuerdo “con las condiciones más exigentes desde el punto de vista de la seguridad”.

Por su parte, el consejero Fernando Castelló, recuerda que la renovación del reactor de Burgos en 2009 hasta 2019 ya estudió las posibilidades de operar a largo plazo de la planta, pues habría llegado a los 48 años.

Al mismo tiempo, insiste en que la central ha operado “siempre” con las garantías exigibles y manifiesta que el CSN ha debido evacuar informes “con una frecuencia no habitual” como consecuencia de situaciones y “circunstancias ajenas” a sus competencias y cuyo origen y explicación está en el ámbito político o económico.

En todo caso, insiste que las modificaciones de diseño que se dictaminan serán verificadas y comprobadas para garantizar su implantación final de acuerdo con el diseño aprobado.

Finalmente, de manera muy prolija el consejero Javier Díes ha justificado con numerosas razones el sentido favorable de voto, entre los que destaca que el informe preceptivo es resultado de una “exhaustiva” evaluación que establece un conjunto de condiciones a desarrollar en caso de recibir una autorización gubernamental favorable y porque el titular ha adquirido “una serie de compromisos remitidos por carta al CSN”.

En cuanto a la operación a largo plazo, recuerda que ya está evaluada por el regulador y otros organismos y que 87 centrales en el mundo cuentan ya con autorización hasta los 60 años.

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