En Comú Podem cree “insultante” que el criterio de renta en el nuevo bono social acabe en 400 euros

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En Comú Podem, coalición electoral integrada en el Congreso en el grupo parlamentario de Unidos Podemos, ha tildado de “insultante” que con el nuevo criterio de acceso al bono social, una persona desempleada de larga duración con una prestación de 426 euros, no pueda acceder a esta tarifa reducida de su consumo eléctrico.

Una “vergüenza”, a juicio de su portavoz de Energía, Lucía Martín, consecuencia de que los criterios de renta incluidos en el reglamento del decreto ley que regula el mecanismo de financiación del bono social, que únicamente protege, a través de este criterio, a personas que no superen los 399 euros.

Para Martín, la protección establecida “suponen una clara vulneración de derechos porque acaban con el principio de precaución y sus criterios de renta dejan fuera a la mayoría de la gente que sufre esta problemática”. “Es de vergüenza e insultante que un Gobierno que debería velar y proteger el acceso a los suministros como un derecho básico establezca este tipo de criterios totalmente restrictivos”, ha aseverado.

La diputada de la formación catalana cree que el reglamento responde a que al Gobierno de Mariano Rajoy “solo le preocupa que las empresas cobren las facturas”. “No tienen ninguna intención de acabar con la pobreza energética”, ha subrayado.

ACUSAN AL GOBIERNO DE PRIORIZAR A LAS EMPRESAS

Además de los, a su juicio, insuficientes criterios de renta, otra de las críticas que Martín lanza al reglamento anunciado por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, es que delegue en las corporaciones locales el pago del 50% de la factura no abonada por los usuarios vulnerables para evitar el corte de luz.

“Nuevamente, el Gobierno no asume sus competencias y piensa más en el beneficio de las grandes eléctricas que en proteger a los consumidores más expuestos por la pobreza energética”, concluyen desde En Comú, que cree que los requisitos previstos por el Ejecutivo para que las familias puedan acceder al bono social “significan liquidar de facto el principio de precaución”.

LOS AYUNTAMIENTOS PAGARÁN PARA EVITAR CORTES

Dicho principio, recogido en la Ley 24/2015 de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, establece que las empresas no podrán en ningún caso efectuar un corte de suministro a familias en situación de vulnerabilidad, recuerdan.

En este sentido, Martín destaca que es “inadmisible” que la garantía de acceso a los suministros básicos para las familias en situación de vulnerabilidad esté condicionada a que las grandes compañías eléctricas tengan antes garantizado el cobro de la mitad de las facturas que no han podido pagar.

CRÍTICAS CONTRA EL “PACTO PPSOE”

Por último, Martín ha criticado el pacto alcanzado por el PSOE con el Gobierno del PP, tildando de “lamentable” el papel de la formación socialista y recordando que el día de la presentación del acuerdo su portavoz en la Cámara, Antonio Hernando, decía que “mientras unos protestan, nosotros buscamos soluciones”.

“El resultado de aquel pacto ‘PPSOE’ hoy está a la vista de todos: El PSOE aceptó dejar exclusivamente en manos del Gobierno el desarrollo y la concreción de todas las cuestiones sensibles que anunciaba el decreto ley, a cambio de poder aparecer en los medios para colgarse la medalla de la lucha contra la pobreza energética”, ha lamentado.

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