Energía abre un plazo de quince días para recibir propuestas sobre el nuevo bono social de la luz

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El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha abierto un periodo de consulta pública de quince días, hasta el próximo 14 de abril, para recabar propuestas y sugerencias acerca de cómo desarrollar el real decreto ley sobre de los nuevos mecanismos de financiación del bono social y de protección de los consumidores vulnerables.

Al anunciar la apertura de este periodo de recepción de propuestas, el departamento dirigido por Álvaro Nadal señala que el trámite tendrá como objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo que desarrolle el real decreto ley 7/2016.

Tras la aprobación en el Congreso del real decreto ley a finales de enero, Energía debe ahora definir el perfil de consumidor vulnerable, establecer las condiciones y el procedimiento para solicitar el bono social, aclarar el mecanismo de financiación y reparto del coste de esta ayuda y regular las condiciones en las que puede ser suspendido el suministro de electricidad a los consumidores domésticos.

Entre las novedades del real decreto ley que debe desarrollar Energía figura la imposición a las comercializadoras de electricidad de la obligación de asumir el coste del bono social.

También deberá definirse la definición de consumidor vulnerable. La Ley del Sector Eléctrico, en su artículo 45, recoge esta categoría, pero ahora el nuevo real decreto ley contempla la posibilidad de incluir distintos colectivos de usuarios vulnerables en función de sus características sociales y poder adquisitivo, conforme a umbrales de renta.

Junto a esto, los descuentos en los que consista el bono social podrán ser distintos en función de las categorías de consumidores vulnerables que se establezcan, y Energía debe establecer la forma de articular esta diferenciación.

El real decreto ley también incluye entre sus principales medidas la creación de la categoría del consumidor vulnerable severo y su consideración como consumidor esencial, de modo que no pueda sufrir el corte de suministro.

Este perfil se circunscribe a personas físicas en su vivienda habitual y deben cumplir diversos requisitos que deben ser acreditados mediante documento expedido por los servicios sociales de las Administraciones Públicas.

La norma contempla la asunción parcial del coste que pueda derivarse del suministro de energía eléctrica a este nuevo colectivo de suministros esenciales, obligación que será asumida, por los mismos sujetos a los que corresponde el reparto del coste del bono social.

Otra de las novedades es la de que se amplía hasta cuatro meses el plazo para suspender el suministro en caso de impago para los consumidores vulnerables que se determinen reglamentariamente.

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