Si alguna vez conseguimos que se pueda formar en España un Gobierno con la misma naturalidad democrática que en otros países de la Unión Europea, y pudiéramos centrar el debate en algunos de los principales problemas que debemos resolver en el ámbito económico y social, tal vez seríamos capaces de abrir un constructivo debate sobre la reforma energética que este país necesita y demanda.
La energía es un capítulo central - y radial, ya que alcanza y condiciona otros muchos sectores - de la vida económica, que debe asentarse sobre dos pilares no siempre fáciles de conciliar: por un lado, una política energética bien definida sobre objetivos a medio y largo plazo; y, por otro, un mercado eficiente que asegure precios competitivos y un suministro energético seguro, moderno, con libertad y variedad de ofertas, y de calidad. Un suministro energético clave para facilitar la necesaria competitividad de nuestro modelo económico, en un entorno internacional de gran exigencia; y que permita dar cumplimiento a los compromisos que hemos adquirido de sostenibilidad ambiental que se derivan, principalmente, de nuestra pertenencia a la Unión Europea.
En mi opinión, la legislatura que debiera haber comenzado ya hace tiempo, tendría que centrarse en dos grandes líneas de actuación: la elaboración y aprobación de un plan nacional energético que evalúe las demandas y recursos y capacidades existentes para los próximos veinticinco años, teniendo en cuenta nuestros niveles de integración en los mercados ibérico e interior europeo, y nuestra situación de dependencia energética, así como las tensiones geopolíticas internacionales que las condicionan.
Y, de otra parte, pero en justa correspondencia con lo anterior, la elaboración de una Ley General de la Energía que, con plena sujeción al modelo sobre el que se está configurando la Unión Energética en Europa, establezca cuáles deberían son los principios comunes de regulación de todo el sector, así como el marco y las pautas para la retribución económica de los distintos subsectores energéticos.
En este contexto internacional y comunitario, la legislatura cuyo inicio debería ser inminente, debería igualmente dar respuesta a cuestiones que no admiten ya demoras. Entre ellas, la decisión de alargar o no la vida útil de determinadas instalaciones eléctricas, aspecto esencial que nos permitiría asegurar a corto plazo nuestro suministro energético nacional; el definitivo reforzamiento y ampliación de nuestras redes nacionales y transnacionales energéticas, base material indispensable para la construcción de un mercado real europeo absurdamente preterido durante dos décadas; el desenvolvimiento y consolidación de un nuevo modelo de oferta y demanda en el suministro eléctrico, que combine generación distribuida y modernización de los equipamientos energéticos; la ordenación de una adecuada penetración de las tecnologías renovables, cada vez más competitivas, flexibles -véase la irrupción de baterías con soporte digital y otras soluciones de eficiencia energética- e innovadoras, con una creciente participación de las entidades locales en su impulso; la creación de un mercado gasista de servicios y balances que de respuesta inteligente a arbitrajes comerciales internacionales, desde nuestro privilegiado anclaje geográfico; el perfeccionamiento de los mercados de electricidad y gas, tanto en términos de estructura como del marco de actuación y número de actores; la mitigación de la pobreza energética, analizando sin demagogia su naturaleza, causas, y tratamiento regulatorio en sintonía con las medidas equivalentes que se adoptan en las principales economías de la Unión Europea; y la reforma del Ente Regulador Independiente de la Energía, diseñando un organismo para la supervisión de los mercados separado orgánica y funcionalmente de la Autoridad de la Competencia y de los Ministerios de tutela, e incorporando al Consejo de Seguridad Nuclear, a su perímetro competencial.
En el orden de la retribución económica, será preciso también acometer, de una vez por todas, un ejercicio incomodo pero imprescindible de transparencia de costes del suministro energético, en todos los ámbitos de la cadena de valor del mismo, para que el regulador, los operadores y los consumidores sepan, con claridad, cuáles son los parámetros económicos existentes para cada nivel de decisión. Lo que obligaría a contemplar, de igual manera, una adecuada separación de aquellos costes asociados tradicionalmente al sector energético, pero cuyo origen y justificación no se corresponden a la formación de los precios del suministro energético, sino que responden a demandas y necesidades derivadas de decisiones de política tributaria, territorial, industrial, o social.
Muchas son pues, las cuestiones relevantes a abordar en el sector energético en este nuevo periodo legislativo, la mayoría de las cuales admite escasos compases de espera. De ahí la importancia de normalizar democráticamente, sin mayor dilación, nuestra realidad política nacional.
Vicente López-Ibor es presidente de Estudio Jurídico Internacional y miembro del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía.
Oscar serrano
27/08/2016