No me cabe duda de que ha tenido que ser extenuante la presión que las eléctricas deben de haber sometido al Gobierno para que éste haya aprobado el impopular decreto de autoconsumo a 70 días de las elecciones generales. Lo que no acepto es que se nos tome por tontos haciéndonos creer que la normativa de autoconsumo más restrictiva del mundo va a fomentar, como dijo el ministro Soria en la rueda de prensa posterior a su aprobación, el desarrollo de las energías renovables y de la generación distribuida.
Hagamos números: una instalación solar fotovoltaica diseñada para producir la energía eléctrica que consume una familia media en España cuesta unos 5.000 EUR, IVA incluido. Para esa misma familia, que está pagando algo más de 800 EUR al año en su factura “de la luz” y que no espera sino más subidas en el futuro, se trata de una inversión indudablemente atractiva sabiendo que los paneles tiene garantía de producción de al menos 20 años.
Al ser energía renovable, realizada de forma voluntaria sin ningún tipo de apoyo ni subvención por parte de los consumidores, estamos, sin duda, ante la mejor vía para transformar de una vez nuestro vetusto modelo energético. Algo que cualquier responsable de política energética del mundo en las últimas décadas no habría considerado ni en sus mejores sueños.
Es claro que, como la energía producida y la demandada no van a coincidir exactamente en todo momento, habría que seguir manteniendo —no en su totalidad, sino en parte, y cuanto más gente lo haga, cada vez menor— el sistema eléctrico actual. Con independencia de tecnicismos regulatorios, creo que resultaría aceptable para la mayoría de ciudadanos que, en lugar de ahorrarse la totalidad del recibo de la luz, nuestra familia que invirtiera en autoconsumo siguiera pagando una pequeña parte, pongamos, por ejemplo, un 30% para cubrir ese déficit de simultaneidad.
Digo que resultaría aceptable sabiendo que hay muchas normativas en el mundo (sin ir más lejos, en más de 40 Estados norteamericanos) que, reconociendo la enorme aportación en términos medioambientales, económicos y sociales del autoconsumo, permiten hoy la compensación de la totalidad del importe del recibo, incluso llegando a subvencionar parcialmente la instalación.
Lo que ha planteado el Gobierno es, en primer lugar, una innecesaria maraña de trámites administrativos cuyo coste fácilmente alcanza los 1.500 EUR y un insultante tratamiento de los excedentes que, salvo que nuestra familia se convierta en empresa, le obliga a regalarlos. En la práctica, este tratamiento conduce al autoconsumidor doméstico a invertir otros 5.000 EUR adicionales en baterías y equipamiento adicional asociado. En total, pues, la inversión de nuestra familia se ha más que duplicado para alcanzar los 11.500 EUR.
Por si fuera poco, bajo un falaz argumento de solidaridad, se impone un cargo de más de 200 EUR al año al consumidor por la energía que produce en su tejado y consume en su frigorífico, sin pasar por la red. Eso sí, se nos tranquiliza diciendo que de este “impuesto al sol” estarán exentas las familias. En el mensaje se omite un ”pequeño” detalle: que la exención es transitoria, lo que resulta fatal para inversiones destinadas a ser recuperadas en más de 10 años. Tampoco se nos cuenta que los chalets, que normalmente tienen más de 10 kW de potencia contratada y que son los que más fácilmente podrían instalar los paneles, no “gozan” de esa generosa exención.
Conclusión, de una inversión en energía distribuida y renovable, realizada sin ningún tipo de subvención, que podría razonablemente recuperarse en ocho años, acabamos en una aventura ruinosa que difícilmente podrá recuperarse durante su vida útil.
La situación en el sector comercial e industrial no es muy diferente. Allí los trámites administrativos y los requisitos para vender los excedentes (que, téngase en cuenta, son, en general, mucho menores al existir mayor coincidencia entre producción y consumo) no son determinantes; pero los cargos por la energía autoconsumida (esta vez, claro, sin exención), duplican frecuentemente el plazo de recuperación de la inversión.
Sr. Ministro, si nos hubiera explicado que el sistema eléctrico español, de tanto parche normativo, está cogido con alfileres y que una revolución como la que el autoconsumo está protagonizando llevaría al más absoluto caos, seguramente habría tenido algún apoyo más para bloquearlo.
Claro que, entonces, tendría que habernos contado cómo piensa incrementar —de hecho, no de palabra— la penetración de renovables en España. Con grandes instalaciones no será: aún esperamos el concurso de nueva generación en las islas que dejó preparado el Boletín Oficial del Estado hace más de un año. ¡Y eso que reconoce que allí las renovables son mucho más baratas que las fuentes fósiles actuales!
Ya no se trata de cumplir con los compromisos acordados con la Unión Europea, ni de reducir el enorme impacto económico que tiene la elevadísima dependencia energética exterior del país, ni de crear cientos de miles de puestos de trabajo cualificados, ni de combatir el Cambio Climático (ese que en unas semanas, en el ámbito de la COP de París, nos venderá como una de sus mayores preocupaciones). Ahora se trata, simplemente, de no estar en la vanguardia mundial contra las renovables. En arbitrajes internacionales ya solo nos queda superar a Venezuela (y apuesto a que lo haremos muy pronto). En trabas al autoconsumo ya somos líderes mundiales.
Jorge Morales de Labra es director general de Geoatlanter y experto en el sector eléctrico.
@jorpow
Jose Carlos García Pérez
14/10/2015