España se enfrenta a 13 demandas de arbitraje internacional por vulneración de los principios recogidos en la Carta de la Energía, el 20% de todos los litigios mundiales por este motivo, en tres instancias diferentes.
Todas estas demandas están relacionadas con los cambios legislativos en el sector de las renovables, que han reducido progresivamente la retribución de estas plantas, según la información ofrecida por la Carta de la Energía.
Con esta avalancha de demandas, España lidera las controversias internacionales por motivos energéticos en este foro, seguida, de lejos, por la República Checa, con siete, y Turquía y Kazajistán, con cinco cada una.
Los inversores reclaman a España, de forma individual o conjunta, que les compense por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la regulación en materia renovable.
Se trata de empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las generosas ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con la que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías.
Pero el acelerado desarrollo, que no contaba con límites de instalación, provocó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos. Contra los cambios regulatorios
Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta, sino a los sucesivos cambios regulatorios, iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales de energía fotovoltaica con derecho a prima y al que posteriormente se han sumado varias reducciones de los pagos.
La última normativa, aprobada el pasado año, cambia totalmente el sistema, que pasa de un esquema de primas a la producción al reconocimiento de una rentabilidad razonable a lo largo de la vida útil de la planta y que, en la práctica, supone un recorte.
El Tratado de la Carta de la Energía reconoce a los países firmantes el reconocimiento mutuo de ciertos principios, entre ellos la defensa de un trato justo y equitativo en materia de inversiones energéticas.
En caso de que una empresa de uno de los estados firmantes considere que otro han vulnerado este principio puede pedir una compensación por daños y perjuicios, como ya han hecho varios grupos, algunos de forma conjunta, contra España.
Los demandantes argumentan que los cambios normativos les han perjudicado, en el sentido de que la retribución "razonable" que les garantiza el Gobierno no equivale a la remuneración recogida en las leyes con las que hicieron la inversión.
De hecho, las reclamaciones presentadas tanto en España como en el extranjero recibieron la semana pasada un espaldarazo cuando se conoció que los informes encargados por el Gobierno para calcular esa rentabilidad razonable no se utilizaron en la normativa, ya que uno nunca se presentó y el otro lo hizo tras su aprobación.
Los primeros en demandar a España por esta cuestión fueron un grupo de 16 inversores, agrupados bajo la denominación de PV Investors en noviembre de 2011, ante el organismo de las Naciones Unidas para esta cuestión, Uncitral.
Poco después llegaron, en 2013, otras tres reclamaciones, en este caso ante la Cámara de Comercio de Estocolmo, por parte de la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment.
A partir de entonces, los arbitrajes han llegado a la institución del Banco Mundial, el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi): RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, un grupo de empresas alemanas y Steag.
Fuentes cercanas a estos procesos apuntan que podrían sumarse nuevas demandas en los próximos meses, a pesar de que los arbitrajes internacionales son un proceso costoso y largo, que suele prolongarse durante varios años.
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