España ha sumado su demanda de arbitraje número veintisiete ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), todas ellas por la normativa renovable, tras el caso presentado por un grupo de sociedades encabezadas por [Cordoba Beheer](http://Cordoba Beheer).
Según datos de la página web del Ciadi consultados por Efe, las sociedades Cordoba Beheer, Cross Retail, Sevilla Beheer y Spanish Project Companies han iniciado el procedimiento de arbitraje en el ámbito de la generación eléctrica renovable.
España suma actualmente 27 procesos de arbitraje ante el Ciadi, presentados por RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, Steag, 9 REN, BayWa, Cube Infraestructures, Matthias Kruck, KS y TLS, JGC Corporation, Cavalum, la eléctrica alemana E.ON, un grupo de empresas alemanas encabezadas por Stadtwerke München, los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav y Schwab Holdings, SolEs Badajoz, Hydro Energy 1, Watkins, un grupo de bancos alemanes liderados por Landesbank Baden-Württemberg, Eurus, Sunflower, Infracapital y, ahora, Cordoba Behere.
Además, España cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y con dos en la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyos autores son Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment, todas ellas por violación de la Carta de la Energía.
Una tercera demanda presentada por la empresa holandesa Charanne y la luxemburguesa Construction Investments ante la Cámara de Comercio de Estocolmo fue desestimada a principios de año, al considerar que los cambios normativos en España no violan la legislación internacional.
Los demandantes son empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con lo que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías.
Al no contar con límites de instalación, el desarrollo de estas energías encareció el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos.
Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta, sino a los sucesivos cambios regulatorios iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales de energía fotovoltaica con derecho a prima y al que posteriormente se han sumado varias reducciones de los pagos.
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