Era cuestión de tiempo. El hachazo a las renovables ha conseguido llevar a la Marca España al peor lugar posible: ser el país con más demandas de arbitraje por inversores extranjeros del mundo. La demanda presentada este martes ante el Ciadi por parte de un grupo de bancos alemanes es la número 27 en contra del Reino de España. 23 de ellas en el Ciadi, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversiones perteneciente al Banco Mundial. Tres más se encuentran en el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo y la primera de todas ellas fue ante la Uncitral, la comisión de la Organización Mundial de Comercio.
Supera ya a Venezuela, que hasta ahora era el país con más demandas con sus 26 arbitrajes, todos ellos en el Ciadi. La gran diferencia entre España y Venezuela es la causa de estos arbitrajes. En el caso español, todas las demandas internacionales se han interpuesto en los cuatro últimos años (la mayoría en 2014 y 2015), y todas por violación de la Carta de la Energía, al no proteger las inversiones efectuadas por agentes extranjeros en el sector de las renovables. Mientras que en Venezuela son de distintos sectores, petrolero, eléctrico, minero, financiero, etc.
El hachazo a las instalaciones fotovoltaicas, termosolares y eólicas ha llevado a España a ser eso que tanto se criticaba desde el Gobierno cuando otros países confiscaban empresas españolas. Solo cabe recordar el caso de Repsol con YPF en Argentina, que finalmente se llegó a un acuerdo, o los casos de las filiales eléctricas de Iberdrola y Red Eléctrica en Bolivia, por poner unos ejemplos.
El hecho de que los inversores extranjeros acaben por interponer demandas judiciales deja a España en muy mal lugar porque lo señalan como el país con menor seguridad jurídica del planeta. Sobre todo en materia energética.
Los 27 casos
Todo comenzó en 2011 en la comisión Uncitral de la Organización Mundial de Comercio. Un grupo de inversores, PV Investors, interponía la primera demanda. Al poco tiempo llegaron otras tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyos autores son la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment. Destaca el caso de Isolux, que a través de un brazo inversor extranjero, es la única empresa española que ha decidido demandar a España.
Después hasta el 22 de noviembre de 2013 no llegaron más demandas. Hasta que los fondos RREEF Infrastructure (G.P.) Limited and RREEF Pan-European Infrastructure Two Lux demandaron a España ante el Ciadi. Y en dos años se han interpuesto otras 22 hasta el día de ayer.
Tras los fondos, llegaron Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, Steag, 9 REN, BayWa, Cube Infraestructures, Matthias Kruck, KS y TLS, JGC Corporation, Cavalum, la eléctrica alemana E.ON, un grupo de empresas alemanas encabezadas por Stadtwerke München, los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav y Schwab Holdings, SolEs Badajoz, Hydro Energy 1, Watkins y, ahora, un grupo de bancos alemanes. Las 15 últimas demandas han sido en este 2015.
Los demandantes son empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con lo que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías.
Al no contar con límites de instalación, el desarrollo de estas energías encareció el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos.
Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta, sino a los sucesivos cambios regulatorios iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales de energía fotovoltaica con derecho a prima y al que posteriormente se han sumado varias reducciones de los pagos.
Más demandas
Pero habrá más. Tal y como contó este diario, hay decenas de inversores extranjeros que tienen preparadas sus demandas de arbitraje por el hachazo a las renovables. Muchas de ellas irán presentándose poco a poco, pero la gran mayoría quieren esperar a que se produzca el primer laudo. Según varias fuentes cercanas a los procesos, es más que probable que la primera sentencia se produzca en la primavera de 2016.
Si la resolución de los árbitros es positiva hacia los inversores, España se verá abocada a ver cómo una avalancha de demandas se presentan ante el Ciadi. Entonces será cuando el Estado español tenga que hacer frente a las posibles indemnizaciones. Según varias informaciones publicadas, el Ministerio de Industria confía en ganar los arbitrajes, pero que si no fuera así, las indemnizaciones no serían muy altas. Otras fuentes señalan a que el Gobierno ya tiene guardados unos 1.000 millones en caso de perder las demandas, y otras fuentes creen que esos 1.000 millones se pueden quedar muy cortos si se tienen en cuenta los daños causados en algunas instalaciones como las termosolares cuya inversión es de cientos de millones de euros por cada planta.
España ya superó a Argentina y ahora a Venezuela, dos países controlados por gobiernos que no han respetado las leyes comerciales y que siempre han sido muy criticados por su continua política intervencionista.
Ahora solo queda esperar a las resoluciones judiciales, que no tardarán mucho en producirse, y la imagen de España ante el mundo financiero podría quedar en entredicho. España se juega mucho y estas noticias no son para estar muy contentos.
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