La reunión bilateral entre Rusia y España, de la que El Periódico de la Energía informó el 30 de mayo, supone un cambio estratégico en el proyecto que desde 2015 abandera el Gobierno y el sector gasista para convertir a España en proveedor de gas para Europa a través de Argelia y sustituir al gas ruso. Incluso el Consejo de Seguridad Nacional lo incluyó en 2015 en la Estrategia de Seguridad Energética Nacional, considerando una ventaja para la seguridad nacional que España se convirtiera en un intermediario en el mercado mundial del gas.
Atrás queda el diagnóstico del RDL 13/2012 que analizaba la sobrecapacidad del sistema gasista por la baja demanda y la infrautilización de las centrales de gas y regasificadoras y ordenó paralizar las inversiones en nuevas infraestructuras. Dos años más tarde, la Ley 18/2014 reconocía el fracaso del anterior decreto pues la demanda gasista seguía bajando y hasta después de 2020 no recuperaría los niveles de 2008. La ley definía el déficit estructural del sistema gasista, que cuantificaba entonces en 800 millones, y su corrección a través de los peajes en el recibo del gas.
El déficit estructural del sistema gasista ha seguido creciendo, así como los costes de la sobrecapacidad, infrautilización de infraestructuras y los peajes, que son un 45% superiores a la media europea y seis veces más caros que en Alemania, como ha denunciado Gas Industrial. Pero en vez de ajustar la política gasista a la demanda nacional, al calor de la propuesta de la Unión de la Energía de reducir la dependencia del gas ruso en Europa por la anexión de Crimea, las autoridades españolas lanzaron en 2015 una huida hacia adelante para convertir a España en un gran suministrador europeo del gas que importamos principalmente de Argelia.
Pero la idea de que España sustituyera al gas ruso con el gas argelino no figuraba en la comunicación de Bruselas sobre la Unión de la Energía de 2015. Ni siquiera las interconexiones con España eran prioritarias. Se citaban primero los nuevos gasoductos por el Báltico, por el sureste hasta Azerbaiyán y más recientemente para traer gas desde Israel. El documento de Bruselas seguía considerando a Rusia como importante suministrador, ya que el gas había quedado excluido del marco de sanciones. En 2017 se ha aprobado el segundo gasoducto del Báltico, Nord Stream II, que va a duplicar el bombeo de gas ruso a Alemania.
Hasta el proyecto más emblemático, el gasoducto MIDCAT con Francia, está paralizado. No solo se duda de su necesidad sino del impacto que tendrá para los consumidores. Las propuestas que se han hecho desde la Comisión Europea en 2016 para descarbonizar la economía no cuentan con el carbón ni tampoco con el gas para los edificios y el transporte. La electrificación sin emisiones solo es posible con renovables y almacenamiento. No se puede ser líder mundial en renovables y en gas a la vez y además eliminar el CO2.
El Periódico de la Energía informaba el 19 de mayo cómo las principales distribuidoras de gas de Europa habían pedido al Comisario Miguel Arias Cañete los mismos apoyos al gas verde y renovable que los que recibieron las energías renovables. Todo un eufemismo.
El proyecto de España como gran intermediador en el mercado del gas sigue adelante y el sector continúa aumentando sus contratos de suministro. Ahora España también importará gas ruso y sumará más contratos “take or pay”, es decir, que se pagan independientemente de que el gas se consuma. Lo que plantea la necesidad de importar y consumir más gas en el mercado interior para que las cuentas salgan. El sector gasista se comporta como una multinacional, pero con la garantía del Estado. A través de los peajes se cubren los déficits del sistema gasista. El RD 13/2014 de hibernación del almacén de gas Castor es el ejemplo más clarificador de cómo se socializa una mala gestión.
La aparición de Rusia como nuevo suministrador de gas a España suscita muchos interrogantes. No parece que España tenga una verdadera estrategia de seguridad energética sino más bien una política de protección a unas pocas empresas sin evaluar la vulnerabilidad que supone, el coste para los consumidores, la competitividad de la economía ni los compromisos internacionales de reducción de emisiones.
La geopolítica de la energía está cambiando por los costes crecientes de los combustibles fósiles frente a los costes decrecientes de la energía limpia e inteligente. Las inversiones energéticas en todo el mundo se están desplazando en ese sentido. Sin embargo, según Eurostat, España no ha dejado de aumentar su dependencia de la energía fósil en los últimos quince años en los que ha pasado del 81% al 98%, frente al73% de la UE. Por eso tenemos la luz más cara.
Europa ha basado su liderazgo en la descarbonización de la economía. Los objetivos climáticos de 2020, 2030 y 2050 proponen la sustitución del carbón, el petróleo y el gas por la electrificación de la demanda con alta eficiencia y renovables. Es la transición energética que en España se quiere retrasar veinte años más sin considerar que la mayor dependencia energética empobrece al país.
**Javier García Breva es **Asesor en políticas energéticas, líder de opinión, presidente de N2E y miembro del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía
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