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Un sistema de transporte eficiente y fiable es esencial para el buen funcionamiento del mercado interior europeo además de ser un sector clave de la economía pero también es fuente de una serie de problemas socioeconómicos y medioambientales, como la contaminación atmosférica, el ruido, la congestión y causa principal y directa del calentamiento del planeta.

Por eso, la Unión Europea presenta este miércoles su ‘paquete de movilidad’ donde se incluyen las Estrategias post 2020 sobre coches/furgonetas y sobre camiones, autobuses y autocares, además de las Directivas “Euroviñeta” y las Directivas del servicio electrónico de peaje (EETS).

El Periódico de la Energía ha tenido acceso al documento con las propuestas previas a la presentación donde se refleja claramente que Europa pretende ampliar los impuestos para todo tipo de vehículos contaminantes y rebajar así las emisiones de CO2 procedentes del transporte terrestre.

Según el documento, la fijación de unos precios para el transporte por carretera puede desempeñar un papel clave para incentivar un uso más limpio y eficiente de éste, para garantizar un trato justo a los usuarios de la carretera y para conseguir una financiación sostenible de las infraestructuras.

Las propuestas revisan la Directiva 1999/62/CE que determina los peajes a aplicar a los vehículos pesados de transporte de mercancías en autopistas. La Directiva tiene por objeto eliminar las distorsiones mediante una armonización gradual, en todos los países miembros, de los impuestos sobre los vehículos y el establecimiento de mecanismos justos para la tarificación de las infraestructuras. Establece niveles mínimos de impuestos sobre vehículos pesados, especifica las modalidades de tarificación de la infraestructura y el comportamiento medioambiental de todos los vehículos.

La Unión Europea recuerda que la Directiva anterior no contenía elementos para que el sector del transporte contribuyera específicamente a la reducción de las emisiones de CO2. De hecho, las emisiones de CO2 del transporte por carretera en 2014 eran aún un 17% superiores a las de 1990 y la mayor parte de estas emisiones proviene de los turismos (más del 60%), aunque también la de los vehículos pesados está aumentando. Bajo estas tendencias actuales, la reducción de emisiones no será suficiente para alcanzar los objetivos de la UE establecidos para 2030 y 2050.

Los impactos del transporte por carretera representan costes significativos para la sociedad. Y no basta con apuntar con el dedo a los grandes camiones de mercancías. La Unión Europa recuerda que los turismos y las furgonetas causan más daños a la infraestructura que los vehículos pesados, y los vehículos de pasajeros son la fuente de cerca de dos tercios de los costes externos: cambio climático, contaminación atmosférica, ruido, accidentes, etc.

Además, la congestión es un problema persistente dentro y fuera de las zonas urbanas. Sin embargo, los Estados miembros sólo han abordado esporádicamente esta cuestión. Los picos de tráfico de carretera suponen costes sociales considerables, que representan el 1% del PIB de la UE. Dos tercios de estos costes son atribuibles a los turismos y del 20 al 30% al tráfico interurbano.

El objetivo de la iniciativa es avanzar en la aplicación de los principios de “quien contamina paga” y de que el “usuario también debe pagar”, promoviendo así un transporte por carretera sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental y socialmente equitativo.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Comisión Euopea por crear una Unión de la Energía y un transporte de bajas emisiones. Para ello, se incluye la revisión de las normas sobre emisiones de CO2 para automóviles y furgonetas, se proponen nuevas certificaciones para camiones y autobuses, se revisa la legislación sobre el servicio de peaje electrónico y de las normas que regulan el mercado interior del transporte de mercancías por carretera además de los servicios de autobuses y autocares.

Los cambios propuestos están en consonancia con los objetivos fijados en el Libro Blanco sobre el transporte de 2011, en el que se pide avanzar hacia la plena aplicación del principio de “quien contamina, paga” (consagrado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) para garantizar una financiación más sostenible de los transportes y de las infraestructuras.

Para facilitar un tipo de impuestos y cargos basados en la distancia, la legislación sobre los peaje electrónicos se revisa en paralelo. Los cambios propuestos también son compatibles con la legislación ambiental relacionada con las emisiones contaminantes y el ruido.

Además, con la ampliación de su ámbito de aplicación, la iniciativa revisa los procedimientos de certificación que deben adoptarse con respecto a las emisiones de CO2 de los vehículos pesados y al reglamento sobre contaminantes y emisiones de CO2 de los vehículos ligeros.

Por último, lo que respecta a la red de carreteras afectada, la propuesta se refiere a las directrices revisadas de la Unión para el desarrollo de la red transeuropea de transporte.

Con estas propuestas, Bruselas pretende reducir los costes de congestión entre un 2,5% y un 6% o traducido en cifras, entre 9.000 y 22.000 millones de euros en 2030, un aumento de los ingresos de peaje de entre 10.000 y 63.000 millones de euros al año y ayudar así a aumentar la inversión en carreteras entre un 25% y un 260% respecto a lo que se hace hoy en día.

Además, se reducirá significativamente la cantidad de emisiones de CO2, NOx y partículas del transporte por carretera. Esto daría lugar a un impacto positivo en la salud pública, proporcional a la reducción de la contaminación atmosférica, y se traduciría en ahorros de entre 370 millones a 1,56 billones de euros para la contaminación atmosférica además de reducción de accidentes en 2030, expresados como valor actual.

Pero no solo eso. Además, se pretende generar entre 62.000 y 152.000 nuevos puestos de trabajo en caso de que sólo el 30% de los ingresos de peaje adicionales fueran reinvertidos en seguridad vial. Además, todas las opciones contribuirían a la igualdad de trato de los ciudadanos de la UE reduciendo a la mitad el precio de los peajes a corto plazo.

¿Y cómo afectaría a las empresas del sector la subida de los peajes? Según esta propuesta, aumentarían los costes de transporte de mercancías entre un 1,1% y 2%, mientras que los costes del transporte de pasajeros se mantendrían sin cambios o como mucho aumentaría un 2%.

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