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Al contrario que aquí, donde al menos en lo que tiene que ver con política energética parece que nunca somos capaces de ir con las luces largas, los franceses, igual que antes los alemanes, los daneses, o los ingleses, han presentado su ley para dirigir la transición necesaria hacia un modelo energético más bajo en carbono.

La ley francesa plantea objetivos que la ministra Royal considera ambiciosos: quiere reducir las emisiones de CO2 en un 75% para 2050, y más que doblar la cuota de renovables (al 32% para 2030). Además, plantea reducir en un 30% el uso de combustibles fósiles.

Lo cierto es que las reducciones de CO2 o del uso de combustibles fósiles son propuestas ambiciosas, sí, aunque el plazo para cumplirlo es lo suficientemente largo como para que no le vayan a pedir cuentas después. Y la cuota de renovables no es particularmente llamativa, sobre todo si incluye la hidráulica, y si además se quiere reducir la participación de la nuclear (al 50% de la producción eléctrica). En todo caso, siempre es bueno fijar criterios a largo plazo, para que los inversores puedan actuar en consecuencia.

Pedro Linares 2

Lo malo es que, para alcanzar los objetivos del futuro, los franceses siguen recurriendo a instrumentos del pasado. Los principales medios dispuestos por el gobierno francés para alcanzar sus objetivos son: desgravaciones fiscales para aislar viviendas, incentivos para la compra de vehículos eléctricos o para instalar cargadores…(la ley no plantea todavía medidas concretas para promover las renovables). No es que no haya dinero encima de la mesa (la ley promete movilizar más de 10.000 millones de euros), el problema es que estos instrumentos se han demostrado ya como muy ineficientes, como otra forma más de malgastar el dinero público.

Las desgravaciones fiscales atraen a los “free-riders”, los que en castellano llamamos “polizones”, es decir, los que iban a hacer algo en todo caso (cambiar la caldera, aislar la casa, comprar una nevera más eficiente) pero que se apuntan la desgravación de todas formas. Distintos autores han encontrado que este efecto puede ser superior al 50%. Las subvenciones además acentúan el potencial efecto rebote de las medidas de eficiencia. Cuando se usa así, el dinero público no sirve para hacer más, sino casi lo mismo.

Por otra parte, los incentivos para la compra de vehículos eléctricos no son el mejor modo de estimular el desarrollo de baterías baratas, que es la vía para hacer esta tecnología realmente competitiva (como bien nos dice Elon Musk). Los subsidios pueden ser insuficientes (como se ve en España), y en todo caso, tienen el grave riesgo de repetir pifias como la de la fotovoltaica en España.

Parece sorprendente pues, que a la hora de diseñar esta transición energética no se haya recurrido a lo que la evidencia empírica nos muestra: que los instrumentos económicos (como los impuestos o los mercados de permisos) son muy eficientes para reducir la contaminación, que la información es fundamental para que los hogares cambien sus patrones de consumo, que los subsidios y desgravaciones fiscales son simplemente una forma de transferir el dinero público a otros bolsillos.

En todo caso no me gustaría terminar con una visión demasiado pesimista de la ley francesa. Al menos, como decía antes, han planteado los objetivos, y ahora los agentes sabrán cómo actuar y dónde invertir. Esto es más de lo que se puede decir de España. Y no vale la excusa de que tenemos un mercado liberalizado, y que por tanto debe ser el mercado el que dirija el rumbo energético. Nuestro mercado, igual que otros, tiene muchos fallos, que deben ser ajustados por el regulador para que la nave no encalle. Y en materia de estrategia de largo plazo, el mercado desgraciadamente deja mucho que desear, como ya nos dijo Arrow hace mucho tiempo. Seguimos necesitando una estrategia energética de largo plazo.

Pedro Linares es profesor en la Universidad Pontificia Comillas, director de Economics for Energy, e investigador del Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) y de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad. Además, es miembro del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía.

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