La petrolera lusa Galp recurrirá la multa de 9,3 millones de euros que le impuso la Autoridad de Competencia (AdC) de Portugal por prácticas anticompetencia en el mercado del gas butano.
Así lo ha desvelado el presidente de la compañía, Manuel Ferreira de Oliveira, en la rueda de prensa de presentación de los resultados de la firma en 2014, en la que calificó la sanción de “infundada y exorbitante”. La AdC sancionó a Galp debido a una cláusula incluida en los contratos con los distribuidores de gas butano que les obligaba a ceñirse a un espacio geográfico determinado, una práctica que impide la libre competencia y podría penalizar a los clientes con precios más elevados, según el organismo.
Ferreira de Oliveira reconoció la existencia de la cláusula pero aseguró que en la práctica no se aplicaba, y que Galp ha intentado “de todo” para cambiar esos contratos pero los revendedores se niegan a hacerlo porque lo consideran “un activo”.
Además, el presidente de Galp reiteró que de los 199 distribuidores de gas investigados, “sólo cinco dijeron que no vendían fuera de su área exclusiva porque el contrato no lo permitía”. “La materialidad es importante, pero vamos a recurrir sobre todo debido a la reputación de Galp”, concluyó Ferreira de Oliveira, que consideró que la multa transmite a los clientes el mensaje de que la empresa es “irresponsable”.
Galp es una de las principales compañías de Portugal y cuenta con una red de 250 distribuidores de gas butano en todo el país. La empresa anunció hoy que cerró 2014 con un aumento de sus beneficios netos del 20,2 %, hasta situarlos en los 373 millones de euros, y logró compensar así la caída del precio del crudo a nivel internacional.