Garoña, ¿ahora sí?

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Juli Barceló.
Juli Barceló.

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha acordado, por cuatro votos a favor y uno en contra, fijar los límites y condiciones relativas a la solicitud de renovación de autorización de explotación de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos). Corresponde ahora al Gobierno dar (o no) el permiso de explotación de la Central dado que sólo son vinculantes las apreciaciones desfavorables del CSN (en este caso, si hubiesen decidido no aprobar la solicitud de renovación).

Con esta decisión, se vuelve a la situación de 2009. En aquel momento, el CSN tomó la misma decisión, pero el Gobierno socialista, en vez de aceptar la propuesta del CSN, se sacó de la manga un permiso de 4 años lo que obligó al CSN a modificar las condiciones para esta nueva licencia. Después llegó el Gobierno del Partido Popular y se sucedieron una serie de decisiones tanto del Gobierno, que daba a entender que aceptaba revisar la licencia para que la central pudiese funcionar el periodo completo de la licencia de 10 años, como de la propiedad de la planta que dudaba de volver a solicitar la renovación de la licencia. El resultado ha sido que la anterior legislatura del Partido Popular, extraordinariamente larga, no desencalló el tema Garoña ni el otro gran tema que afecta al sector nuclear, el ATC. La única actuación fue un incremento de los impuestos a las Centrales Nucleares.

Decía que volvemos a la situación de 2009 pero estamos en 2017 y, mientras tanto, el entorno ha cambiado, especialmente por el accidente de Fukushima que ha condicionado las posiciones políticas (especialmente en la Unión Europea) y técnicas (a nivel global).

En esta tesitura, el CSN hace una apreciación favorable a que Garoña pueda reanudar la producción, pero con un condicionado exigente: 10 límites y condiciones, 15 Instrucciones Técnicas Complementarias y modificaciones de diseño. Habrá que esperar a la documentación aprobada para conocer el calendario de este condicionado, pero es previsible que todas las actuaciones, y especialmente las modificaciones de diseño, deban estar completadas antes de poder volver a arrancar la central. Esto, sumado al proceso administrativo que ahora empieza, nos lleva al final de esta década.

No está claro que decidirá el Gobierno, aunque sería lógico que otorgase el permiso de explotación de acuerdo con el dictamen del CSN (pero también lo era en 2009 y no fue así). Sin olvidar que la composición actual del Parlamento, en el que el partido del gobierno no tiene mayoría,  invita a pensar que se van a producir iniciativas globales sobre la energía nuclear en España, aprovechando este episodio.

¿Qué harán los propietarios de Garoña? En condiciones normales, aceptarían la licencia. Pero no es una situación normal. El entorno no es el de 2009, las inversiones a realizar son importantes, el marco tarifario está cuestionado… y ha pasado mucho tiempo. Decisión difícil.

La contestación social, que ya había empezado a movilizarse, se va a incrementar como aperitivo de una nueva, y dura, batalla que se avecina con la renovación del permiso de explotación de Almaraz en 2020 (incrementado por el increíble “conflicto” con los portugueses sobre el ATI). Y a todo ello, el ATC en el limbo.

En resumen, aún no está claro el futuro de Garoña si bien existen muchas probabilidades de que, a pesar de que el Gobierno otorgue el permiso de explotación, la propiedad decida no continuar.

Vienen malos tiempos para la energía nuclear en España.

Juli Barceló fue consejero del CSN entre 2001 y 2009 y ahora es asesor de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA) y miembro del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía.

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