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Miércoles, 8 de febrero de 2017. El Consejo de Seguridad Nuclear aprueba la reapertura de la central nuclear de Garoña con cuatro votos a favor y uno en contra. La decisión, tan esperada, ya se conoce, ya está tomada… Y ahora ¿qué?

A partir de ahora, el camino que la central tiene que recorrer para que su reactor empiece a funcionar todavía no ha terminado.

Porque primero ese informe favorable se debe enviar al Ministerio de Energía quien será el siguiente en mover ficha. El CSN le ha pasado la ‘patata caliente’ y será Álvaro Nadal el que decida si concede la licencia a esta central burgalesa que lleva parada desde 2012, además de con qué condiciones y durante cuánto tiempo.

Este último punto es una decisión insólita para el regulador, ya que según ha denunciado en rueda de prensa la consejera Cristina Narbona, por primera vez desde 1999 el CSN no establece el límite temporal habitual de 10 años bajo el que sí funcionan las otras cinco centrales españolas.

El ministro ha dicho que quiere disponer de seis meses para hablar con todos los actores antes de tomar una decisión definitiva. Pero no va a esperar tanto. Le pisa los talones la siguiente central en solicitar la extensión de sus 40 años, la central nuclear de Almaraz, y necesita que Nadal se pronuncie sobre Garoña antes del 1 de mayo, porque tres años después de esa fecha, en 2020, le vence el permiso de explotación, y sus propietarias, Iberdrola, Unión Fenosa y Endesa, deberán solicitar su ampliación con al menos tres años de antelación. De ahí la urgencia.

Pero volviendo a Garoña, su historia no termina con la decisión del Ministerio de Energía. En el caso de que, basándose en el informe positivo del CSN, no ponga objección en su reapertura, les tocaría hablar a los propietarios de Nuclenor, a Iberdrola y a Endesa.

A todo esto, siempre y cuando cumplan previamente con las inversiones en seguridad que se les exigen. Nuclenor estima que podría acabar las modificaciones post-Fukushima que se le demandan en un plazo de 12 meses. Del resto de reformas, unas 10 acciones y 15 actuaciones complementarias, se desconoce cuánto tiempo tardarían en hacerlas y, por tanto, en conectarse a la red.

Por tanto, como las propietarias se rigen por la lógica empresarial, su decisión será, sobre todo, económica. Si la reforma de la central no les sale rentable, incluso con el alargamiento, es más que posible que decidan desmantelar Garoña.

Pero el dinero no es el único motivo para tomar una decisión. La presión social y política podría ayudar a que se decante la balanza. La mayoría parlamentaria del Congreso -excepto el PP– han rechazado la decisión del CSN. Incluso algunas formaciones políticas han llegado a sugerir la elaboración de una ley que cierre definitivamente Garoña.

Y las comunidades autónomas también se han posicionado. A favor ya se ha mostrado la Junta de Castilla y León, y su consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha asegurado que la Comunidad apostará por esa reapertura siempre y cuando se realicen las inversiones necesarias para garantizar la seguridad de la planta.

Sin embargo, el Gobierno (PNV) del País Vasco, (el hogar de la sede social de Iberdrola), “lamenta y rechaza” la decisión del CSN, lo que podría ayudar a que la eléctrica tire la toalla y dé cerrojazo al asunto. Y no sorprendería, ya que hace un año, su presidente, Ignacio Sánchez Galán, insinuó esta intención.

En definitiva, que Garoña tiene más papeletas de convertirse en una estatua de sal que en un flamante y moderno reactor. Y a no ser que las eléctricas lo tengan ya claro, (que parece que sí), conocer su futuro llevará su tiempo. Por lo visto, podría alargarse mucho más allá de un año.

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