La Agencia Tributaria ha denunciado a la Fiscalía Anticorrupción el presunto pago de comisiones para facilitar la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Un informe de 94 folios elaborado por la inspección de la Agencia Tributaria y fechado el pasado 30 de diciembre al que ha tenido acceso el diario El País concluye “la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo” que cobraron de las eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en esa comunidad.
Según relata El País, Hacienda incluye en esa organización a “autoridades públicas de Castilla y León”, “las empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques”, “los intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones administrativas precisas” y “las sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones por importe superior a 110 millones de euros”.
El informe detalla siete operaciones en las que las eléctricas terminan pagando a empresarios locales o altos cargos estas cantidades directamente o mediante la transmisión de acciones en sociedades creadas para la explotación de los parques y sin que se produzca ninguna contraprestación o actuación concreta.
La conclusión es que las eléctricas transfieren las acciones de las sociedad creadas de tal forma que “se multiplica por cientos de veces, incluso miles, el capital inicialmente aportado, sin que en la mayoría de los casos hayan llegado a instalarse los aerogeneradores para la producción de energía”.
La Agencia Tributaria ha detectado que entre los beneficiarios hay personas que entonces ocupaban cargos de responsabilidad en la Consejería de Economía de Castilla y Leon, la que autorizaba los parques.
El principal señalado por el documento es Alberto Esgueva, que fue hasta 2006 consejero delegado de Excal, empresa pública de la Junta dedicada a fomentar exportaciones. Su grupo empresarial es uno de los más beneficiados por las operaciones.
Esgueva se hizo de oro con Iberdrola
La mayor operación eólica bajo la lupa de Hacienda es una realizada entre Iberdrola Renovables en Castilla y León, Ibercyl, y la empresa San Cayetano Wind, propiedad de Alberto Esgueva. Este fue consejero delegado de la empresa pública Excal SA, dependiente de la Consejería de Economía, hasta 2006.
En 2005, mientras era alto cargo de la consejería que autoriza los parques eólicos, Alberto Esgueva fundó la empresa Energía Global Castellana. Lo hizo junto a Ibercyl, filial de Iberdrola en la comunidad. Esgueva puso 24.400 euros por el 40% del capital social e Iberdrola 36.600 por el 60% restante.
Entre 2005 y 2008, Castilla y León autorizó a la empresa mixta la construcción de 18 parques eólicos en Soria, Burgos y León que suman 492 megavatios. En febrero de 2007, dos años después de constituir la sociedad, Iberdrola acuerda comprar las acciones de Esgueva por una cantidad que depende de los megavatios que instalen y de la producción eléctrica. La primera liquidación es de 13,595 millones de euros.
Hasta el 29 de octubre de 2009, Hacienda ha detectado 10 transferencias desde Iberdrola a San Cayetano Wind que suman 47,1 millones de euros. Una vez que la eléctrica obtuvo el 100% de las acciones de Energía Global Castellana la disolvió y se quedó con los parques eólicos que ella había desarrollado.
La Agencia Tributaria señala que “no ha encontrado ninguna prueba, ni siquiera indicios, de que existiera una prestación de servicios por parte de San Cayetano Wind a favor de Ibercyl”. Y considera “a todas luces inverosímil” que un alto cargo autonómico recibiera 47 millones de euros después de haber invertido 24.400.
Idoia
22/04/2015