Que la Abogacía del Estado está hasta arriba de trabajo es sabido y se ha contado en más de una ocasión. Pero que esa aglomeración de trabajo llegue hasta el punto de que no presenten contestación a una demanda, deja en evidencia a la Administración del Estado.
Esto es lo que ha sucedido en uno de los principales casos que el Tribunal Supremo está llevando en la actualidad. No es otro que el recurso de referencia contra la Orden 1045/2014 por la que se regulan los parámetros de retribuciones de las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos. Es decir, la que orden que dicta las primas a las renovables y que ha hecho que en el último medio año centenares de recursos inundaran el Supremo.
Según ha podido saber El Periódico de la Energía de fuentes jurídicas, la Abogacía del Estado no ha contestado en el plazo de 20 días a la demanda de referencia contra la orden. El comunicado del Supremo está sellado el pasado miércoles 25 de febrero, pero no fue hasta el 26 cuando llegó a manos de la Abogacía y de los recurrentes. (Ver comunicado).
Este hecho es muy inusual en el Cuerpo de Letrados del Estado. O es una cuestión estratégica, o ha sido un olvido, o es que no dan abasto con la enorme cantidad de trabajo que tienen.
La Abogacía del Estado tiene una única salida, que a día de hoy se desconoce, pero que le puede salvar de la quema, sobre todo a la hora de dar explicaciones en el Ministerio de Industria.
Fuentes jurídicas han explicado a este diario que el escrito de contestación a la demanda ha de formularse en el plazo de 20días - art. 68.1 de la Ley Jurisdiccional- por lo que una vez transcurridos sin presentarlo se tendrá por caducado el trámite. Pero si se presenta dentro del mismo día en que se notifica la providencia correspondiente resulta admisible -art. 121 de la LJCA -.
Es decir, que si el jueves presentó la documentación, el Tribunal Supremo se lo admitiría y tendría en cuenta el escrito de la defensa. Si la Abogacía del Estado no contestó el pasado jueves, el Alto Tribunal solo tendría en consideración la posición de la acusación en el procedimiento. Si finalmente esto fuera así, el Gobierno podría ver como la Justicia echa para atrás la norma del tijeretazo a las renovables y tendría que reformular todas las liquidaciones a las instalaciones.
Las mismas fuentes explican que a lo mejor se trata de una estrategia de la Abogacía del Estado para alargar todo lo que pueda el procedimiento y aguantar hasta el último día para contestar. Aun así, se trata de un acto que prácticamente no se ve en los tribunales.
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