La Audiencia Nacional pide a Abengoa más informes sobre su viabilidad y sus estados contables

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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha requerido documentación relacionada con la viabilidad y los estados contables de Abengoa en el marco de la investigación contra la compañía, Deloitte y 19 consejeros y exconsejeros del grupo andaluz, entre ellos el exministro Josep Borrell.

En una providencia a la que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de Instrucción número 2 requiere a entidades y organismos, como la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detalles que permitan esclarecer la situación de la multinacional, con lo que atiende la petición de la Plataforma de Perjudicados por Abengoa.

En virtud al escrito del propio Ministerio Fiscal, el juez Moreno solicita a KPMG los informes realizados a instancias de los acreedores bancarios de la compañía para valorar el plan de viabilidad, sus necesidades reales de tesorería y la realidad de sus cuentas.

Respecto al citado plan, pide que éste forme parte de la causa así como todos los datos empleados que permitan inferir la situación económica y financiera real y que “eventualmente difieran de los estados intermedios comunicados a la CNMV” en los dos primeros trimestres de 2015.

También Abengoa deberá aportar documentación, en concreto los libros de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2013 a 2015, lo que incluye tanto inventarios y balances como el libro diario.

El juez, además, reclama a Deloitte todos los “papeles de trabajo” de las auditorías realizadas en esas fechas, y la correspondencia cruzada entre la firma y sus socios; las entidades requeridas tendrán un mes para remitir tales peticiones.

El pasado noviembre, la sección cuarta de la sala de lo Penal ordenó al juez Moreno que admitiera a trámite la querella presentada por la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, independiente del caso contra la antigua cúpula de la compañía, en el que la juez Carmen Lamela acordó ayer juicio oral.

En su escrito, los querellantes denunciaban presuntos delitos societarios, entre ellos administración desleal, falseamiento contable y de información económico-financiera.

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