La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, en quiebra

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Sede de la Autoridad de Energía Eléctrica en San Juan de Puerto Rico.
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La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico presentó hoy en la Corte Federal de Estados Unidos, distrito de Puerto Rico, una petición voluntaria bajo el Titulo III de la Ley Promesa para la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), informó en un comunicado.

El pasado viernes el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, había pedido a la JSF la quiebra para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de la isla, petición que fue aprobada por la JSF en su reunión de aquel día.

La petición ha supuesto pedir la protección del Título III bajo la Ley federal Promesa para la AEE.

Se trata de un mecanismo de quiebra, bajo el título III de la ley federal Promesa aprobada en junio por el Congreso estadounidense, para dar solución a la deuda de la AEE que es de unos 9.000 millones de dólares.

La normativa de Promesa establece que se recurra al título III solo cuando la negociación entre el Gobierno puertorriqueño y los acreedores se haya agotado sin éxito.

El título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, siglas en inglés), un híbrido entre los capítulos 9 y 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos, paraliza todas las demandas judiciales y tras las reclamaciones y objeciones deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago.

En su comunicado hoy, la JSF indicó que el diálogo con los acreedores continúa y enfatizó que pese a esta radicación, “la Junta continuará trabajando hacia un acuerdo negociado con los acreedores de la AEE -un acercamiento que creemos representa el mejor interés de todas las partes interesadas de la AEE-“.

A esos fines, “el diálogo con los acreedores continúa”, subrayó la JSF en un comunicado.

En septiembre de 2016 un apagón histórico dejó sin electricidad a toda la isla -aproximadamente 1,5 millones de abonados- a causa de una avería.

El incendio se desató en una subestación de la Central de Aguirre en Salinas, municipio del sur de la isla en el que se genera la electricidad que después fluye hacia el resto de Puerto Rico.

El fuego provocó una avería que afectó a dos líneas de transmisión de 230.000 voltios, que al quedar inutilizadas crearon el caos en el sistema.

Bajo la protección del Título III de la Ley Promesa, también se encuentran el Sistema de Retiro de los empleados del Gobierno central y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) de la isla.

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