La burocracia puede dejar sin retribución a miles de productores fotovoltaicos

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Planta fotovoltaica en el desierto de Atacama, en Chile.
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Planta solar fotovoltaica.

Miles de pequeños productores de fotovoltaica podrían quedarse sin retribución debido a las exigencias burocráticas de la nueva regulación, sobre las que no han sido informados y que fijan el 9 de octubre como fecha límite para cumplir todos los requisitos, según la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier).

En una nota, la asociación advierte de que “miles de familias fotovoltaicas” podrían quedarse “sin la retribución que les corresponde por la imposibilidad de cumplir en tiempo y forma con los trámites burocráticos que impone el nuevo marco normativo”.

El plazo de adaptación a la nueva regulación comenzó en pleno periodo estival y concluirá en apenas semana y media. “Sin embargo, los productores no han recibido información alguna por cauce oficial, lo que, unido a la complejidad de las nuevas obligaciones y la escasa difusión que se le ha dado al sistema impuesto, supondrá la expulsión de miles de productores españoles”, señala.

El pasado 20 de agosto, Anpier ya solicitó formalmente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo aclaraciones sobre las inminentes obligaciones formales que deben cumplir los pequeños productores fotovoltaicos tras la entrada en vigor de la nueva normativa.

Mutismo informativo

A la vista de que ni los 5.000 socios de la asociación ni los 62.000 pequeños productores han sido informados, y de que Industria no respondía a los requerimientos, Anpier volvió a dirigirse a las autoridades el 3 de septiembre, y sigue sin obtener respuesta.

Este “mutismo informativo”, señala, ha llevado a Anpier a solicitar al Ministerio, por cauce reglamentario, que realice, de forma directa o a través de los representantes de mercado, una notificación expresa y detallada a todos los afectados sobre las nuevas obligaciones formales a las que quedan sujetos y que prorrogue el plazo para la verificación y actualización de los nuevos requisitos administrativos.

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, considera que los pequeños inversores fotovoltaicos se enfrenten a “una maniobra más para ir expulsando a los productores más vulnerables, que son los más pequeños” y que están a menudo compuestos por “familias ajenas a una complejidad forma sobrevenida y precipitada”.

Esta falta de información “contrasta con la extraordinaria campaña de captación que realizó el Ministerio de Industria cuando se trataba de captar los ahorros de estas familias para el desarrollo y generación de energía fotovoltaica, presentando esta inversión como sencilla, segura y rentable”, lamenta.

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