La CNMC catalana critica el pacto Gobierno-PNV sobre las tarifas eléctricas

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Mariano Rajoy y Aitor Esteban, del PNV
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La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) considera que la modificación de los denominados peajes energéticos prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 “altera indebidamente” la competencia, ya que conlleva un mayor desequilibrio entre territorios.

Gobierno y PNV han alcanzado recientemente un acuerdo para eliminar la tarifa eléctrica de alta tensión denominada 6.1.b y a englobar las tensiones de 30 a 36 kilovoltios (kv) en la tarifa 6.2 en el año 2018.

De este modo, las empresas que estén conectadas a la red en tensiones de 30.000 a 36.000 voltios abonarán una tarifa más barata.

Sin embargo, patronales y partidos políticos catalanes han denunciado el agravio que supone esta modificación, ya que en Cataluña, a diferencia del País Vasco, no existe la red de 30 kv, por lo que las empresas de esta comunidad no podrán disfrutar del abaratamiento de este tramo.

En un comunicado, la propia ACCO ha asegurado que esta medida aparentemente neutra, porque se aplica en todos los territorios sin excepción, genera en la práctica “un claro desequilibrio” en favor de los operadores ubicados en aquellos lugares donde las líneas de distribución eléctrica tienen una tensión superior.

“Efectivamente, la red energética instalada en el País Vasco cuenta con tensiones comprendidas entre los 30 y los 36 kv, mientras que en Cataluña son inferiores a los 30 kv”, explica la Autoridad Catalana de la Competencia.

La ACCO entiende que el acuerdo entre el Gobierno y el PNV “agudiza el desequilibrio que ya existía en base a la regulación actual”, en la medida en que ya se preveían peajes distintos en función de si un operador se conectaba a una red de entre 25 y 30 kv de tensión o entre 30 y 36 kv.

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