La contabilidad creativa de la intensidad energética

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Javier García Breva.
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El pasado 5 de junio finalizó el plazo de transposición de la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética. Una semana antes el Gobierno presentó en Bruselas el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020 (PNAEE 2014-2020), cumpliendo el artículo veinticuatro de la norma europea y con el mismo mensaje que expresó en su voto contra la Directiva en octubre de 2012: que España ha alcanzado en 2012 el objetivo de eficiencia energética que Europa fijó para 2020 y que la aplicación de la directiva supone una penalización a la economía española y un obstáculo para la recuperación económica.

¿Cómo se explica que una economía como la española, derrochadora e ineficiente en el uso de la energía, haya pasado a ir ocho años por delante de los objetivos europeos en eficiencia energética?

La elevada intensidad energética de España se ha debido a que el consumo de energía ha estado creciendo todos los años por encima del PIB en ausencia de políticas de eficiencia energética. El boom inmobiliario y el transporte han sido el mejor ejemplo de ello y de sus consecuencias: una intensidad energética más elevada que la media europea por un modelo de negocio basado en el derroche de combustibles fósiles importados del exterior en perjuicio de la competitividad.

A partir de 2008, la crisis lo cambió todo y desde entonces la demanda energética ha bajado año tras año de la misma manera que el PIB; pero lejos de analizar el impacto de ambos fenómenos en el sistema energético, se han argumentado de la manera más complaciente para no abordar los malos ratios de España en dependencia energética, intensidad energética y emisiones de CO2 y para no tener en cuenta que la eficiencia energética es el primer instrumento para mejorarlos.

El PNAEE 2014-2020 revisa a la baja las previsiones de crecimiento del PIB y calcula los indicadores de intensidad energética “a paridad de poder de compra” con el resto de países europeos y automáticamente nuestra intensidad energética mejora, ya que con esta metodología necesitamos un 16% menos de energía que la media europea para producir nuestros bienes y servicios cuando todas las estadísticas anteriores a la crisis decían justamente lo contrario.

Al utilizar como único indicador el PIB, si éste crece aumenta la intensidad energética y si baja se ahorra energía. Al rebajar las previsiones de crecimiento el objetivo tendencial de ahorro se rebaja y se considera que “la fijación de unos objetivos adicionales derivados de la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, podría suponer un freno a la recuperación económica”. Pero como a la vez, los indicadores de intensidad energética se calculan en paridad de compra con el resto de países de la UE, la intensidad energética mejora, convirtiendo así la pérdida de dieciséis años de convergencia de España con la UE por la crisis en una ventaja competitiva.

Según el plan enviado a Bruselas, si queremos crecimiento económico hay que renunciar a la eficiencia energética y si ha mejorado la intensidad energética se debe a que somos más pobres, cuando en realidad, equiparar el poder de compra no nos hace más eficientes sino que es una prueba de que se niega valor al ahorro energético. La Directiva 2012/27/UE se basa en lo contrario al considerar la eficiencia energética como innovación tecnológica y factor de recuperación de la economía y creación de empleo,  porque su rentabilidad viene dada por la reducción de las importaciones de gas y petróleo que representan el primer coste energético de España y de Europa.

La medida más importante de eficiencia energética está aún por tomar y consiste en desacoplar el crecimiento económico del consumo de energía. Para ello la regulación deberá seguir a la demanda, facilitando el acceso de los consumidores al ahorro de energía y la reducción de sus costes energéticos.

La eficiencia energética representa la oportunidad de nuevas especializaciones productivas vinculadas a la plena aplicación de la Directiva de eficiencia energética y al desarrollo de nuevos modelos de negocio energético orientados a la demanda. El ahorro de energía pasa por reconocer al consumidor como centro y parte activa del sistema energético y por un nuevo concepto de ciudad sostenible.

Javier García Breva es experto en Políticas Energéticas, presidente de N2E y miembro del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía. 

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