La Defensora del Pueblo pide que se retire el peaje de respaldo al autoconsumo eléctrico

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El autoconsumo impulsa la fotovoltaica
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Bruselas vigilará de cerca al Gobierno en materia de autoconsumo.
Bruselas ya no es la única que vigila al Gobierno en materia de autoconsumo.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido a la secretaría de Estado de Energía que no establezca peajes o cargos que graven la generación eléctrica con autoconsumo, al considerar que la hacen “inviable” y desincentivan el ahorro energético, según figura en su informe 2014 publicado hoy.

La Defensora del Pueblo defiende que “no parece estar justificada” la propuesta del Ministerio de Industria, todavía sin aprobar, de imponer un canon por la utilización de autoconsumo eléctrico cuando se esté conectado a la red, con el objetivo de sufragar las infraestructuras energéticas.

En su opinión, este canon no debería aplicarse cuando el consumidor no vierta su excedente de energía a la red, porque en ese caso la instalación “debe ser tratada como cualquier otra medida de ahorro energético”.

Argumenta que “la libre utilización de esta fuente de energía natural (en referencia a la solar) como medida de ahorro no debe ser sometida a requisitos administrativos ni cánones de ningún tipo, máxime cuando estos desincentivan su utilización al hacerla económicamente inviable”.

Definir al consumidor vulnerable por criterio de renta

Por otra parte, la Defensora del Pueblo recomienda que para que el bono social eléctrico sea más eficaz se defina “el concepto de consumidor vulnerable de acuerdo con criterios de renta”.

Soledad Becerril, Defensora del Pueblo.Considera que la actual desvinculación entre el derecho al bono -asociado a la pertenencia a determinados grupos, como mayores de 65 años o familias monoparentales- y el nivel de renta genera “discriminación”.

También en materia eléctrica, el informe recomienda “revisar” la distribución de los términos de potencia y energía en la factura eléctrica de manera que se “incentive el ahorro energético”.

Tras el cambio realizado para dar mayor peso al término de potencia -que supone abaratar el recibo de los grandes consumidores y encarecer el de los pequeños-, la Defensora advierte de que en la actual coyuntura económica “muchas familias han visto reducidos sus ingresos, por lo que adoptan medidas de ahorro, entre ellas, la de reducir su consumo eléctrico, lo que no pueden hacer si cambia el sistema de facturación”.

También en relación con la factura, el documento valora que ahora sea más “transparente y clara”, aunque pide que se detalle los conceptos que incluye la partida “otros costes regulados (incluida la anualidad del déficit)”.

La Defensora del Pueblo también ha pedido que las eléctricas informen a los consumidores de las diferentes opciones de que disponen a la hora de sustituir contadores tradicionales por otros inteligentes, fundamentalmente entre alquiler y compra.

Con respecto al recorte de la retribución para la energía fotovoltaica, pide que los inversores nacionales “no reciban peor trato” que los extranjeros, quienes pueden acudir al arbitraje internacional, una recomendación que no ha sido atendida por la secretaría de Estado de Energía.

En materia gasista, el informe alerta de que la falta de desarrollo normativo adaptado a las consecuencias de la liberalización del suministro de gas “provoca controversias”, incluidos retrasos en las altas, una cuestión en la que ante la que ha tomado medidas la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

También constata, como ya hiciera el regulador, las quejas planteadas ante la existencia de “supuestas empresas” que hacen revisiones de gas “innecesarias” mediante “actitudes amenazantes hacia las personas, generalmente de edad avanzada y cobrando cantidades abusivas”, una infracción regulada mediante la normativa de consumo.

Por último, el informe alerta de las “graves consecuencias” derivadas del hecho de que la detección de fraude en la conexión eléctrica y el eventual corte de suministro lo realicen las empresas, “sin intervención previa de ninguna administración”, por lo que pide que este proceso se desarrolle “con las debidas garantías para el consumido” y respeto “a su derecho de presunción de inocencia”.

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