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No tiene mucho sentido que el Parlamento vasco aprobara una ley de protección medioambiental en su territorio para prohibir ‘de facto‘ el fracking en junio de 2015, y ahora haya una solicitado una prórroga al Ministerio de Energía para no perder los cuatro permisos concedidos en 2006 y 2008, además de promover un pozo de gas en una de esas concesiones, el llamado Armentia-2 de Subijana, aunque sin utilizar la técnica de la fractura hidráulica.

Esta bipolaridad la explica el Gobierno vasco diciendo que no es lo mismo el uso del fracking que el sistema convencional para obtener gas y que, si han solicitado esa prórroga es que así evitarían la “pérdida del control público” sobre esos permisos. Podría ser, porque dos grandes empresas del sector, dos americanas, han mostrado su interés por hacerse con ellos.

Y es que el consorcio que gestiona los permisos de extracción del gas del subsuelo del área denominada Gran Enara, está formado por la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA), de capital público al pertenecer al Ente Vasco de la Energía (EVE), pero también por dos empresas extranjeras, Petrichor (filial de la estadounidense Heyco) y la también estadounidense Cambria, con un 36% y un 20% de participación cada una respectivamente, que tienen interés en continuar con la exploración y explotación de las zonas con la técnica del fracking.

El plazo de la concesión finalizaba el pasado 18 de febrero pero el Gobierno vaso tramitó peticiones de “suspensión” de los permisos con el Gobierno central el 24 de diciembre de 2015 y el 24 de octubre de 2016, para que no corriera el plazo marcado, y la última el 17 de noviembre de 2016. Pero no lo ha conseguido. El pasado 28 de febrero, se publicada en el BOE la Orden ETU/165/2017, de 15 de febrero, por la que se deniega la solicitud de suspensión de los permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Angosto-1», «Enara», «Usoa», «Mirua» y «Usapal». El Ministerio de Energía daba carpetazo a los intereses del Gobierno vasco perdiendo así el control de la posible explotación de estos yacimientos en su territorio mediante fracking. Sin embargo, fuentes del EVE han confirmado a este diario que “están solicitados y concedidos los permisos para hacerlo con técnicas de gas convencional”.

Con esta decisión se inicia un camino con dos direcciones. Por un lado, está pendiente poner en marcha el pozo de Armentia 2 mediante técnicas convencionales de extracción de gas, pero también se abre la puerta a que empresas privadas puedan iniciar los trámites para solicitar esos mismos permisos que el consorcio de Shesa acaba de perder.

Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente está analizando la solicitud del Gobierno vasco para poder continuar con las exploraciones en el pozo de Armentia 2, a través de un procedimiento simplificado. Pero podría ocurrir que alguna de las 30 alegaciones presentadas por diferentes agentes (municipios, movimientos ecologistas, asociaciones, etc.) soliciten algo del proyecto original que no haya sido abordado, y el Ministerio lo de el visto bueno. Entonces, se convertiría en un procedimiento ordinario, que provocaría el retraso de la decisión de la Administración central, y además existiría la posibilidad de obtener una respuesta negativa al proyecto.

Sin embargo, fuentes del EVE aseguran que “no se contempla en el mundo de las tramitaciones administrativas la negación del permiso de explotación”.

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