La fiscalía nipona acusó a tres exdirectivos de la operadora de la central de Fukushima por no haber tomado las medidas necesarias para evitar el desastre nuclear de 2011, lo que supone el primer procesamiento penal de unos responsables de la planta, informó la cadena pública NHK.
Los tres exdirectivos de Tokyo Electric Power (TEPCO) procesados por su papel negligente en la crisis originada por el terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011 son Tsunehisa Katsumata, de 75 años y presidente de la compañía en el momento del accidente, y los exvicepresidentes, Sakae Muto, de 65, e Ichiro Takekuro, de 69.
La decisión de la fiscalía llega después de que un grupo de afectados presentara una primera denuncia en 2012 contra un total de 42 autoridades y responsables de la planta que siguieron operando, Fukushima Daiichi, sin tomar medidas para garantizar la seguridad pese a conocer los riesgos.
Los tres acusados no fueron detenidos y se espera que se declaren inocentes según fuentes citadas por la agencia Kyodo.
Esas mismas fuentes creen que el juicio no se celebrará antes de fin de año, debido a que llevará mucho tiempo recopilar todas las pruebas necesarias.
La acusación considera que el accidente en Fukushima, cuyos reactores sufrieron fusiones parciales tras perder el sistema de refrigeración, expuso a aquellos que residían alrededor a emisiones muy radiactivas.
Además, hace responsable a los directivos de que 13 personas, incluidos trabajadores de la planta y miembros de las fuerzas armadas, resultaran heridas tras el accidente y que 44 murieran tras ser evacuadas de un hospital donde estaban ingresadas, detalló la NHK.
La operadora de la central reconoció hoy que ha tenido noticia de la acusación de sus tres exdirectivos a través de los medios de comunicación pero que han decidido no hacer ningún comentario al tratarse de un caso penal que está en los tribunales.
TEPCO quiso sin embargo pedir disculpas "por la molestia y la preocupación causada a los habitantes de Fukushima y al resto de la sociedad por el accidente nuclear".
En un primer momento, la fiscalía del distrito de Tokio decidió en septiembre de 2013 desestimar la demanda y no presentó cargos al considerar que era muy difícil prever la escala del tsunami que golpeó la central.
Los demandantes solicitaron sin embargo un análisis más exhaustivo y recurrieron a un comité de investigación judicial, un órgano raramente usado en Japón y formado por ciudadanos, que el pasado julio les dio la razón y pasó de nuevo el caso a la fiscalía.
Las emisiones y vertidos de agua contaminada producto del accidente, el peor desde el de Chernóbil (Ucrania) en 1986, aún mantienen desplazadas a miles de personas que vivían junto a la planta y han causado daños millonarios a la agricultura, la ganadería, la pesca, y otros muchos sectores de la economía local.
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