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El colmo del surrealismo en política energética sucedió ayer. Mientras la jefa de la Oficina de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, hablaba de la senda de descarbonización que España debe realizar con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo de París, al mismo tiempo, en la otra punta de la ciudad de Madrid, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navía, se reunía con los sindicatos mineros para confirmar que el carbón nacional seguirá formando parte del mix energético en el futuro.

Ambos actos muestran las contradicciones dentro del propio equipo de Gobierno. Por un lado, Ulargui se alineaba con el discurso de Arias Cañete, “la UE debe liderar la transición a una energía limpia, y España tendrá un papel importante”, añadiendo que debe “liderar una descarbonización solidaria”, y por otro Navía se comprometía con el sector del carbón para que participe en la elaboración de la Ley de Transición Energética.

Una visión que compartía la directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales, Teresa Ribera quien decía que España “tiene que superar algunas contradicciones” para poder cumplir con el Acuerdo de París, como las subvenciones que todavía da al carbón, además de afrontar tareas pendientes como identificar el riesgo financiero de la economía española ante el cambio climático.

Y es que España está obligada a presentar, antes del 1 de enero del próximo año, un borrador del Plan de Clima y Energía con tres objetivos a cumplir: uno en materia energética, otro de reducción de emisiones que ha venido dada por Europa, y otros dos de generación renovable y de eficiencia energética que debe fijar el Gobierno.

Para ello, a partir de mayo, se iniciarán “unas jornadas con sesiones temáticas (energía, industria, agricultura, transporte y ciudades) para posteriormente hacer una consulta pública por Internet (entre junio y julio), y así recabar suficiente información para la elaboración del borrador y después del anteproyecto”, explicaba Ulargui, aunque no concretaba ninguna fecha en la que podría estar aprobada la Ley de Cambio Climático y Transición, “pero antes de 2020”.

Una ley necesaria porque “nos va a ayudar a orientar el 70% de las reducciones de los gases de efecto invernadero”, añadía, además de “trabajar en un paquete de reducción de huella de carbono”.

Y falta nos hace. A primeros de abril, el ESADE publicaba un informe donde se señalaba que las emisiones en Europa han descendido un 19% desde 1990, debido al impacto de los acuerdos internacionales contra el cambio climático, pero en España, en cambio, han aumentado un 14% desde esa fecha.

Unos datos que se añaden al informe del Observatorio de Energía y Sostenibilidad de la Universidad de Comillas, que advierte que desde la perspectiva de la sostenibilidad energética, nuestro país ha tenido una evolución “muy negativa” en el año 2015 y 2016.

Ya solo falta por saber qué piensa Montoro o Guindos, o el mismo Rajoy, sobre cómo se va engarzar esa transición energética y cómo se va a adaptar al modelo social.

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