El Gobierno prepara la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Los ministros Isabel García Tejerina (Agricultura y Medio Ambiente) y Álvaro Nadal (Energía) son los encargados de impulsar dicha Ley con la que ya se está trabajando desde hace semanas.
Y antes de que nazca la norma parece que llega un nuevo escándalo al Gobierno. La ministra Tejerina ha reconocido en su declaración de bienes ante el Congreso de los Diputados que posee nada más y nada menos que 22.529 acciones de Iberdrola, una de las compañías con más intereses energéticos en España y que su futuro dependerá de lo que dicte esa nueva Ley.
El cierre nuclear, el canon hidráulico, las primas a las renovables, los pagos por capacidad. Todo está en juego, y la ministra Tejerina es accionista de la mayor eléctrica española. Es más, el Ministerio que dirige es el encargado de aprobar las declaraciones de impacto ambiental de los nuevos proyectos de Iberdrola en España. O de proyectos que repercuten directamente como el cementerio nuclear.
Esas 22.529 acciones de Iberdrola tienen un valor total de mercado de más de 155.000 euros teniendo en cuenta el precio del cierre de este martes en 6,91 euros por acción.
Asimismo, Tejerina reconoce que percibió como dividendo nuevas acciones de la compañía eléctrica valoradas en 650 euros, e incluso recibió 108 euros por asistir a la Junta de Accionistas. Lo que no aclara la declaración de bienes es si asistió la propia Tejerina o un representante legal.
Iberdrola representa a Tejerina
Pero ahí no queda la cosa. La ministra Tejerina asegura que posee una planta fotovoltaica valorada en más de 617.000 euros. Con esa planta obtuvo unos ingresos de más de 91.000 euros en el año 2015.
Además, dice en la declaración que ese dinero lo percibió de la propia Iberdrola. Esto significa que la eléctrica representa a la ministra y su planta fotovoltaica en el mercado eléctrico donde se vende la energía a diario.
Fuentes conocedoras del mercado aseguran que para percibir unos 91.000 euros por una planta fotovoltaica, el tamaño de esta no es muy grande del entorno de los 1 ó 2 MW de potencia instalada.
Por lo que el precio de adquisición de la planta ha sido una auténtica ganga para la ministra. Con esos ingresos, le es rentable la planta fotovoltaica en siete años. Algo más si se tiene en cuenta un coste de mantenimiento. Ahora, ¿qué planta puede decir eso tras el recorte del propio Gobierno?
La normativa de incompatibilidades de altos cargos no niega la participación en sociedades de capital privado mientras no superen el 10% del mismo. En este caso, queda muy lejos de ese porcentaje. Ni tampoco superar los 600.000 euros invertidos.
Pero sí queda claro que tiene cierto interés en que le vaya bien las cosas a Iberdrola como accionista de la compañía. Algo que podría impedirle firmar la ley o incluso tener que abstenerse de trabajar en ella a no ser que se deshaga de esa posición bursátil.
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