La OCU cree que las sentencias del Supremo ponen de manifiesto que es “urgente” una reforma del bono social

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Representantes de la OCU.
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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha afirmado que las sentencias del Tribunal Supremo contra el real decreto que regula el régimen de financiación del bono social de la luz pone de manifiesto que es “urgente” una reforma de las condiciones de acceso a éste, “de forma que llegue a todos los consumidores que se encuentran en una situación precaria”.

En un comunicado, la asociación considera que el fallo del Alto Tribunal no cuestiona que sean las empresas del sector las que tengan que asumir el coste de financiación del bono social en España, “ya que la normativa europea recoge de forma expresa que en aras del interés general sean las empresas que obtienen beneficios en el sector las que financien las obligaciones de servicio público”.

Por ello, señala que se deben revisar los criterios de reparto para que cumplan los criterios de transparencia, no discriminación y garanticen la igualdad entre las empresas, pero de forma que al mismo tiempo se garanticen unas condiciones adecuadas de competencia.

Asimismo, OCU cree las sentencias ponen de manifiesto una vez más “la pésima regulación del sector eléctrico”, que tienen consecuencias “muy negativas” para los consumidores.

Por ello, considera necesaria una “reforma urgente” del bono social para adecuarse a los criterios que establece la normativa europea y que a juicio del Tribunal Supremo no cumple la normativa española y se evite así el riesgo de que sean los consumidores quienes asuman una vez más su financiación mediante los peajes.

A este respecto, afirma que, además de la financiación, hay que reformar las condiciones de acceso al bono social, “de forma que llegue a todos los consumidores que se encuentran en una situación precaria”, ya que subraya que el actual bono social no cumple esa función.

De esta manera, pide al Gobierno que aproveche “la necesaria reforma del bono social para crear una autentica tarifa social” basada en la renta para combatir la pobreza energética en España.

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