Todos los partidos políticos -excepto el PP- y las organizaciones ecologistas han rechazado hoy la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de avalar la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos) a pesar de que no se han atendido los requerimientos de seguridad que se le había impuesto.
También han coincidido la mayor parte de los grupos políticos en que se trata de una instalación muy pequeña, insignificante para el suministro energético y cuya reapertura no es rentable, y en que, en realidad, lo que "esconde" es el intento por sentar un precedente para que otras centrales nucleares españolas alarguen su vida útil.
Tras aprobar el pleno del CSN un dictamen a favor de la reapertura de Garoña -siempre que el operador de la planta cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen- corresponde al Gobierno tomar la decisión definitiva de que la instalación, parada desde 2012, se vuelva a conectar a la red.
De momento, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha manifestado que dialogará con todos los agentes implicados -entre ellos comunidades autónomas, organizaciones ecologistas y empresas- antes de tomar una decisión, para lo que tiene seis meses.
A favor ya se ha mostrado la Junta de Castilla y León, y su consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha asegurado que la Comunidad apostará por esa reapertura siempre y cuando se realicen las inversiones necesarias para garantizar la seguridad de la planta.
También se ha manifestado a favor el Foro Nuclear, que agrupa a la industria nuclear española, y en un comunicado de prensa ha señalado que el dictamen técnico del CSN "cumple el procedimiento para estas solicitudes que permite el funcionamiento con plenas garantía técnicas y de seguridad de la centrales nucleares".
El presidente del Foro, Antonio Cornadó, ha señalado que la continuidad de la operación del parque nuclear español, bajo la supervisión del CSN, es una estrategia energética "adecuada y necesaria para España" dentro del actual contexto de recuperación económica y en la transición hacia un modelo sostenible.
Sin embargo, el Gobierno Vasco "lamenta y rechaza" la decisión del CSN, y ha observado que la central "ha cumplido con creces su vida útil y además cuenta con una tecnología obsoleta", similar a la accidentada central japonesa de Fukushima.
Para la diputada socialista Ester Peña, se trata de una "auténtica infamia" y ha acusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de "jugar con fuego"; a su juicio, "no se puede jugar con la energía nuclear, con la seguridad y con el futuro de miles de familias de las comarcas afectadas".
Juantxo López de Uralde, portavoz de Equo (Unidos-Podemos), ha avanzado que si el Gobierno continúa con la reapertura propondrá a los grupos una ley que cierre definitivamente Garoña, y ha opinado que se trata de una central "obsoleta y peligrosa" pero que la industria nuclear está utilizando de ariete para abrir la puerta al alargamiento de la vida de las nucleares.
La diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha criticado que el propio organismo haya cambiado de criterio "y dado luz verde a la reapertura sin que la central haya atendido sus recomendaciones", por lo que ha pedido al Gobierno que no utilicen al CSN "para sentar un precedente" que abra la vía a alargar la vida útil de otras centrales.
Por su parte, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha manifestado que están "preocupados" por la decisión del CSN y "ocupados" en activar iniciativas parlamentarias para evitar esa reapertura de Garoña, una central -ha dicho- "muy pequeña", que no aporta "nada" al mix energético y que resulta "prescindible".
El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha emplazado a las instituciones, los partidos y la sociedad vasca a hacer una "presión conjunta" para evitar la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que ha calificado de "escándalo, barbaridad y provocación".
También las organizaciones ecologistas han lamentado el dictamen del CSN y han coincidido en que la decisión abre la puerta para alargar el funcionamiento de todo el parque nuclear español sin un debate previo.
Para Raquel Montón, de Greenpeace, el CSN no sólo ha abandonado la seguridad nuclear, sino que la ha dañado profundamente al emitir este informe, ya que no garantiza la seguridad nuclear, y ha asegurado que Garoña no puede cargar combustible ni producir electricidad, "pero el CSN se atreve a dar un informe favorable".
Paco Castejón, de Ecologistas en Acción, ha señalado que la decisión del CSN "por esperada, no es menos grave", y ha advertido de que se trata de una "peligrosa antigualla".
Tras conocerse el informe del CSN a favor de la reapertura de Garoña se han sucedido las iniciativas de los grupos parlamentarios en el Congreso para que comparezca en el Congreso el presidente del organismo y las preguntas al Gobierno para que fije su posición al respecto.
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