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Una vez que se ha aprobado el Real Decreto Ley que determina cómo financiar el bono social o cómo proteger a los hogares en riesgo de pobreza energética, ahora toca desarrollar su normativa. Por eso, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PxNME) y la Alianza contra la Pobreza Energética están presentando sus propuestas y medidas concretas para paliar y luchar contra esta problemática a todos los grupos parlamentarios.

“Nadie está contento con la solución que se ha dado para el bono social, ni la sociedad civil ni las eléctricas, solo el PP y el PSOE, que permitieron la aprobación del Real Decreto Ley 7/2016, que perjudica a las pequeñas comercializadoras y que repercutirá en una subida de precios generalizada”, señala Rodrigo Irurzun, miembro de la Plataforma, “por eso ahora es importante que se tengan en cuenta las medidas que consideramos necesarias para un correcto desarrollo normativo que se aprobará, como máximo, en tres meses”.

La Plataforma desarrolla la definición de consumidor vulnerable, el procedimiento para evitar los cortes de suministro y cómo evitar el traspaso de clientes vulnerables a mercado libre, pero su aspiración es que el bono social energético pueda atender a otros suministros energéticos que no sean solo eléctricos.

“Nuestro objetivo es que todos los grupos parlamentarios puedan llegar a un acuerdo, incluso a un Pacto de Estado, para elaborar una Ley de Pobreza Energética, lo que supone la incorporación de otros suministros como el agua, el gas natural, el butano y en general todos aquellos combustibles que se utilicen para mantener la vivienda en condiciones de confort térmico”, añade Irurzun.

La Alianza Española contra la Pobreza está formada por más de mil organizaciones de diversa procedencia y sensibilidad – ONGs, movimientos sociales, sindicales, ecologistas, religiosos, y de la sociedad civil en general – que han decido unirse y apostar por un objetivo común: acabar con la pobreza mundial y las desigualdades sociales.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético es una iniciativa ciudadana que defiende la transición hacia un modelo energético socialmente justo y ambientalmente sostenible, basado en las energías renovables, la eficiencia, el ahorro y la soberanía energética.

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