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Los ministros de Energía de los países de la Unión Europea (UE) lograron este lunes consensuar una postura común sobre la futura legislación comunitaria relativa a la eficiencia energética de los edificios entre 2020-2031, a costa de rebajar las ambiciones de la propuesta inicial de la Comisión Europea (CE).

El acuerdo cerrado en Luxemburgo, aunque de mínimos y pendiente aún de negociarse con el Parlamento Europeo para que adquiera carácter de ley, tiene especial relevancia simbólica ya que se produce después de que Donald Trump decidiera retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París.

“El acuerdo de hoy no ha sido fácil” y “se tendrán que hacer esfuerzos adicionales durante los trílogos” (reuniones entre representantes de la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos), declaró al término del consejo de ministros de Energía el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete.

Los jefes de Estado y de Gobierno acordaron en 2014 que el ahorro energético de los inmuebles debería alcanzar el 27 % en el período 2021-2030, objetivo que la Comisión Europea elevó al 30 % en una propuesta legislativa presentada a inicios de 2017 sobre el futuro de los inmuebles, responsables del 40 % del consumo energético de la UE.

Además, el Ejecutivo comunitario quería que los países estuvieran legalmente obligados a respetar sus compromisos nacionales específicos, dentro de ese apartado del inmenso paquete legislativo para que sirve de pilar de la política diseñada por la Comisión Europea a fin de cumplir el Acuerdo de París contra el cambio climático.

Finalmente, los Estados miembros han respetado ese objetivo del 30% de eficiencia energética, pero han eliminado del texto la palabra “vinculante” para cada país, que suponía una línea roja para países como Polonia, Hungría o Rumanía.

En frente se situaba un bloque climáticamente más ambicioso liderado por Francia y Alemania, que pedía que se respetase ese objetivo del 30% para el conjunto de la UE y se convirtieran en legalmente vinculantes los objetivos fijados para cada país.

España, que terminó en el barco franco-alemán junto a Italia y Dinamarca, entre otros, se mostraba favorable a respetar el compromiso más ambicioso siempre que se habilitaran instrumentos contables que no contabilizaran como gasto las inversiones a largo plazo en eficiencia.

Y ese aspecto, aunque con más limitaciones de las que pedía el ministro español de Energía, Álvaro Nadal, se recogió en el texto con un “compromiso final que satisface las expectativas españolas”, explicó a Efe Arias Cañete.

“Nuestra credibilidad está en juego”, había dicho durante el debate el eurocomisario, ante la posibilidad de que se clausurase el consejo sin acuerdo después de que en varias versiones preliminares del texto no se lograse alcanzar una mayoría cualificada (55 % de los Estados miembros que representen al menos al 65 % de la población de la UE).

El eurocomisario español también subrayó durante la negociación que no es coherente trasladar a los ciudadanos que la lucha por el cambio climático es esencial y, al mismo, tiempo, reducir la ambición de los objetivos.

Según los cálculos de la Comisión Europea, la eficiencia energética exigida a los edificios se traducirá en un aporte de 70.000 millones de euros al PIB de la Unión Europea hasta 2030 y reduzca las importaciones europeas de gas en un 12%.

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