Las ayudas de Portugal a su mayor compañía eléctrica, a EDP, son legales

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Sede de EDP en Oviedo.
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La Comisión Europea ha considerado que la extensión de los permisos para operar varias instalaciones hidroeléctricas por parte del gobierno portugués para la empresa eléctrica Electricidade de Portugal (EDP) no es una ayuda estatal y, por tanto, es legal bajo la normativa comunitaria de competencia.

Tras una investigación de cuatro años, la CE concluyó que la compensación que la compañía eléctrica pagó por la extensión de las concesiones fue calculada con una metodología financiera “apropiada” y se trataba de una cantidad “en línea con las condiciones de mercado”, informó esta institución en un comunicado.

Portugal renovó en el año 2007 varias concesiones hidroeléctricas para EDP más allá de la fecha original del contrato, después de que la compañía abonase 704 millones de euros.

Bajo la legislación lusa, el uso de recursos hídricos públicos para producción eléctrica en Portugal se oferta mediante una concesión tras un proceso de selección.

La extensión de esta concesión, que supone el mantenimiento de 27 plantas hidroeléctricas bajo el control de EDP y equivale a un 27 % de la capacidad de generación de energía de todo el país, nunca fue notificada a la Comisión Europea para que esta determinase si entraba en conflicto con las normas de competencia.

Tras recibir quejas, el Ejecutivo comunitario abrió en 2013 una investigación para determinar si el precio que pagó EDP por la extensión y el impacto que esta concentración tiene en el mercado están en línea con la legislación.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario también ha avalado la ayuda del gobierno francés a la operadora Compagnie Electrique de Bretagne por la construcción de una planta eléctrica en la comuna de Landivisiau, en la región de Bretaña (oeste).

La ayuda consistía en un subsidio de 94.000 euros por megavatio producido por año durante un periodo de 20 años a cambio de un compromiso para asegurar la producción eléctrica cuando el operador de la red lo requiriese.

Según la Comisión, Francia demostró que la medida era “proporcionada y necesaria” para la construcción de una planta eléctrica viable que pueda asegurar el voltaje suficiente en esta parte de la red nacional.

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