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La Unión Europea ha endurecido los límites de contaminación atmosférica de las grandes industrias emisoras. Las nuevas normas se aprobaron el pasado 31 de julio y las centrales eléctricas tendrán ahora que asumir un coste estimado de más de 15.000 millones de euros si quieren cumplir con ellas. Para los ecologistas esto supone que el siguiente paso lógico será el cierre generalizado de las plantas con carbón más contaminantes.

Las centrales eléctricas europeas tendrán que reducir la emisión de contaminantes como el óxido de nitrógeno, el mercurio y las partículas bajo unas normas que los estados miembro dieron por buenas en abril y que se acaban de aprobar formalmente esta semana.

Más de 3.000 grandes plantas de combustión tendrán que cumplir con los nuevos límites a partir de 2021 y las estimaciones actuales señalan que el 82% de la capacidad de carbón existente en Europa superan esos límites y no cumplirán las normas.

Tanto es así que el sector podría encontrarse con una factura de hasta 15.400 millones de euros. Según un estudio de junio encargado por la Fundación Europea para el Clima, este gasto masivo y la incierta situación del carbón como fuente de energía significan que las centrales eléctricas de carbón más contaminantes podrían quedar sin otra opción que echar el cierre.

Sin embargo, eso no significa que todas las plantas tendrán la voluntad, la financiación necesaria o incluso el acceso al equipo necesario para reducir los niveles de contaminación. Más aún, las centrales que se comprometan a cerrar lo podrán hacer bajo condiciones estrictas y a cambio de ello, recibir algún tipo de excepciones en el corto plazo. De hecho, se permitirá a las autoridades nacionales excepciones cuando los costes sean desproporcionados en comparación con los beneficios medioambientales.

Unas exenciones que ya puso en marcha España hace un par de años con fecha límite el año 2020. Para entonces, todas aquellas centrales térmicas que no hayan acometido las costosas inversiones para reducir los contaminantes que emiten: dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas, deberán cerrar.

Los últimos estudios sobre los costes de salud de los países del G20 tienen como causa principal la mala calidad del aire. De hecho, los miles de millones que se desvían para subvencionar el uso de combustibles fósiles se traduce en billones de gastos relacionados con la salud.

La contaminación del aire puede causar una serie de enfermedades y patologías, especialmente las pulmonares y las infecciones respiratorias. Las ONG afirman que la nueva normativa podría ahorrar hasta 20.000 vidas al año.

Eso sí se cumple. Porque la que ha habido hasta ahora sobre calidad ambiental, según la Comisión Europea, no se estaba cumpliendo en más de 130 ciudades de 23 de los 28 estados miembros de la UE. España no es la única excepción y tampoco podemos alegrarnos por ello, pero al menos no se ha opuesto a mejorar la situación como es el caso de Polonia, Bulgaria, Alemania y la República Checa.

Sorprende que uno de los tapones a mejorar la calidad del aire que respiramos sea Alemania, tanto es así, que cuando votó en contra se le criticó por unirse al llamado “bloque tóxico” de los países de Europa del Este, a pesar de su vanagloriada Energiewende y su compromiso de eliminar el carbón para cumplir sus propios objetivos de descarbonización y del Acuerdo de París.

Por fortuna, la mayoría de los países europeos no piensan así. Los límites de emisiones para las GIC (grandes instalaciones de combustión) eran demasiado laxos y permitían que muchas centrales térmicas superaran los estándares, que además contribuyen casi al 50% de las emisiones de dióxido de azufre y que representan también una gran parte de otros contaminantes.

Además, la Comisión Europea también ha anunciado que revisará los permisos de las GIC mediante el anuncio de las conclusiones de la “Mejor Técnica Disponible” (MTD). La revisión de los permisos debe llevarse a cabo en los próximos cuatro años antes de la fecha límite de 2021.

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