Las eléctricas ganan la partida del bono social: el coste se repartirá entre todos los agentes del sector

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Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros. FOTO: Moncloa.
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Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros. FOTO: Moncloa.
Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros. FOTO: Moncloa.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece la metodología para calcular los porcentajes de reparto del coste del bono social.

El bono social, de acuerdo con la Ley del Sector Eléctrico, se corresponde con la cantidad resultante de la diferencia entre el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) que pagan todos los consumidores domésticos y la tarifa de último recurso, que pagan los consumidores vulnerables que se determinen. Actualmente, existe un descuento del 25% sobre el PVPC.

Según la referencia del Consejo de Ministros de hoy, este real decreto desarrolla lo establecido en la Ley del Sector Eléctrico de 2013.

Hasta esta ley, el coste del bono social -228 millones en 2013- lo asumían las cinco grandes eléctricas -Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON- pero ahora participarán en el reparto todos los agentes verticalmente integrados, es decir, los que desarrollan simultáneamente actividades de generación, distribución y comercialización de electricidad.

El Gobierno no ha detallado si esta especificación implica, en la práctica, la entrada de nuevas empresas en el reparto de este coste ni, en su caso, cuáles serían.

El caso es que este coste ya no se repartirá entre las grandes compañías. Desde que se creó el bono social, las compañías siempre se han quejado de tener que soportar ellas este coste en vez de repartirlo entre todos los agentes del sistema. De esta manera, las empresas que pertenecen a Unesa ganan la batalla del bono social.

Ha sucedido lo mismo que con el déficit de tarifa, que desde este año se lo reparten entre todos.

CNMC hará el cálculo

La misma Ley determina que el porcentaje de reparto de las cantidades a financiar se calculará de manera objetiva en función del número de suministros conectados a las redes de distribución y del número de clientes de las empresas comercializadoras, de cada grupo de empresas.

Este porcentaje de reparto se calculará anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y se aprobará por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. conforme al procedimiento que se establece en el Real Decreto al que hoy se ha dado el visto bueno del Consejo de Ministros.

Así, el porcentaje se calculará, para cada grupo empresarial, como la relación entre:

  • Un término (numerador) que será la suma de las medias anuales del número de suministros conectados a las redes de distribución de las empresas distribuidoras y del número de clientes de las empresas comercializadoras en que participe el grupo.
  • Otro término (denominador) que corresponderá a la suma de los valores medios anuales de suministros y clientes totales los grupos empresariales que deben ser considerados a los efectos de este reparto.

Además. se establece un mecanismo de control y transparencia, ya que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá que publicar determinada información utilizada para este cálculo en su página web, en el mes de noviembre de cada año.

Malo para empresas, bueno para el consumidor

El Gobierno explica que la futura norma no tendrá impacto presupuestario, aunque sí tendrá un impacto económico en las empresas que resultarán designadas para soportar el coste del bono social en función de los porcentajes que se establezcan conforme a esta norma.

Pero, sobre todo, “tendrá un impacto positivo para los consumidores vulnerables, dado que con este Real Decreto se garantizará la partida destinada a la aplicación del bono social a este colectivo”.

En total, casi 2,5 millones de consumidores están acogidos al bono social, de los cuales, casi dos millones tienen una potencia contratada inferior a 3 Kw, pensionistas 290.000 aproximadamente, también unas 165.000 familias numerosas y 56.000 parados. También se acogen los que tenían la tarifa social anterior a 2009, unas 28.040 personas.

 

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