El Grupo Español para el Crecimiento Verde ha enviado un decálogo de propuestas al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) en el marco de la consulta pública abierta por el Gobierno para la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Las empresas que lo conforman, entre las que se encuentran Telefónica, Santander, BBVA, Caixabank, o las energéticas Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Red Eléctrica y Enagás o las constructoras Ferrovial, OHL y Sacyr, apuestan por abordar de forma ambiciosa el proceso de descarbonización de la economía española en el horizonte de 2050 y por adoptar medidas urgentes a corto plazo que permitan superar de forma efectiva las barreras que dificultan este proceso a lo largo de los distintos sectores económicos. En ese camino de importantes posibilidades económicas, fija para 2030 que el nivel de emisiones se sitúe por debajo de los registrados a principios de los 90.
El Grupo demanda al Ejecutivo objetivos concretos de carácter vinculante tanto globales como sectoriales que precisarán de un marco estable y a largo plazo para la progresiva y eficiente transformación de nuestra economía hacia un modelo sostenible y bajo en carbono. Las empresas que lo integran recuerdan las dos palancas fundamentales para un modelo energético sostenible: la promoción de la eficiencia energética y la descarbonización de los usos finales con renovables. Además, señalan la necesidad de un órgano de la Administración del Estado encargado de coordinar todo el proceso, haciendo hincapié en el papel “ejemplarizante” que han demostrado las Administraciones Públicas en este tiempo.
El GECV desea que el texto siente las bases de un reequilibrio del marco fiscal avanzando en el principio: “quien contamina, paga”, que promueva la acción climática de forma eficiente (al mínimo coste) y que contribuya a su vez, a través de la recaudación, a financiar el cumplimiento de dichos objetivos. El Grupo aboga por la aplicación del citado gravamen relacionado directamente con el nivel de emisiones de CO2, asegurando de este modo, un reparto equilibrado del esfuerzo en materia de mitigación de manera viable y proporcionada.
De igual forma, considera indispensable la mejora de la eficiencia de los sistemas de transporte, el fomento del uso de vehículos menos contaminantes con un aumento de la electrificación del transporte con origen renovable y mayor uso de combustibles alternativos de bajas emisiones.
La Ley deberá incorporar en sus principios, la creciente concienciación de los mercados financieros internacionales sobre los riesgos asociados al cambio climático, su impacto sobre los estados financieros de los agentes y la necesidad de una mayor transparencia y dinamismo en este ámbito. En sus propuestas, subraya que la transición energética requiere de un marco estable y predecible para la inversión privada, necesario para incentivar el esfuerzo inversor de cara a la descarbonización.
Defiende el impulso de la innovación climática en mitigación y adaptación y el fomento de una mayor digitalización de todos los sectores de la economía. Contempla la necesidad de mecanismos de revisión alineados con el marco comunitario de objetivos y con el Acuerdo de París. El Grupo considera imprescindible la puesta en marcha de políticas de educación y sensibilización capaces de concienciar a la sociedad de la urgencia de esta evolución.
Por todo ello, el GECV muestra su disposición una vez más, a colaborar con el Gobierno de España para la elaboración de la futura Ley. Se presenta como interlocutor de referencia del sector empresarial con las administraciones públicas, así como con las asociaciones empresariales y profesionales. El Grupo concluye que estamos frente a un proceso generador de oportunidades económicas y de inversión que ha de pasar por la participación y el consenso de todos los agentes implicados, generando alianzas público-privadas.
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