Las renovables atascan el Supremo con 165 recursos contra el último decreto

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Parque fotovoltaico de T-Solar en Pozo Cañada. FOTO: T-Solar.
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Parque fotovoltaicos de T-Solar en Pozo Cañada. FOTO: T-Solar.
Parque fotovoltaicos de T-Solar en Pozo Cañada. FOTO: T-Solar.

Las renovables atascan el Tribunal Supremo. Era de esperar. La nueva normativa aprobada por el Gobierno sobre las renovables, la cogeneración y los residuos acumula 165 recursos ante el Alto Tribunal, según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los últimos meses.

Desde que se aprobaron en junio estas normativas -anunciadas el verano de 2013 en el marco de la reforma emprendida por el Gobierno para reducir los costes del sistema eléctrico- el Supremo ha admitido a trámite 165 recursos de empresas (entre ellas Iberdrola, Gas Natural Fenosa o Enel Green Power) asociaciones (APPA, Anpier, AEE) e, incluso, desde gobiernos autonómicos, como es el caso de la Junta de Extremadura.

La mayoría de estos recursos se ha tramitado y publicado en septiembre, con 148 incluidos en el BOE, contra las dos normativas: el Real Decreto 413/2014 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica para renovables, cogeneración y residuos, y contra la orden con la que se aprueban los parámetros retributivos para estas instalaciones.

Muchos de los afectados han apurado así los plazos para interponer recursos ante el Tribunal Supremo, ya que contra la orden ministerial de parámetros podía hacerse hasta el 20 de septiembre y la del real decreto de renovables terminó el 10 del mismo mes.

Con la entrada en vigor de estas nuevas normativas, las renovables dejan de funcionar con el sistema de primas para pasar a regirse por un sistema de incentivos a la inversión con una rentabilidad del 7,5% para toda la vida útil de cada instalación.

Así, cada planta cobrará, más allá de lo que reciba en el mercado, en función de la inversión, lo recibido hasta ahora y su vida útil.

La aplicación de esta reforma supondrá, según Industria, una reducción en las ayudas a estas tecnologías de 1.700 millones de euros anuales.

Desde que se apuntaron estos cambios, el sector de las renovables ya habían avanzado su intención de recurrir unas normas que, a su juicio, “estafaban” al sector y buscaban “aniquilarlo”.

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