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La distribuidora eléctrica Electricaribe fue adquirida por Unión Fenosa en el año 2000. En 2009 Gas Natural adquirió Unión Fenosa, y desde entonces, y de una manera continuada ha estado advirtiendo al Gobierno colombiano acerca de la grave situación y del continuo deterioro de la empresa de distribución eléctrica ante la problemática de la morosidad y el fraude. Hasta que en 2016 explotó la situación y el Gobierno colombiano decidió intervenir la compañía.

Desde el inicio de la inversión, se han invertido desde España en Electricaribe más de 800 millones de euros, y jamás se ha cobrado ningún dividendo, asegura Gas Natural Fenosa. Pero claro, si no te pagan es complicado seguir invirtiendo en la compañía. Era y es un pozo de pérdidas por los múltiples impagos.

Así, Gas Natural Fenosa informa de que “es un hecho reconocido la necesidad de más inversiones en la zona, pero se pretende ignorar que el problema fundamental es que Electricaribe arrastra una deuda de sus clientes superior a los 1.300 millones de euros (más de 200 sólo en 2016), según cifras auditadas que incluyen importantes deudas de organismos públicos colombianos (administración, edificios públicos, hospitales, etc), y ello es así porque no existe un marco regulatorio que proteja suficientemente los intereses de la compañía eléctrica, e impida que se vea obligada a suministrar energía sin poder cobrar”.

A ello, habría que sumar que a finales del pasado año, la deuda de los clientes protegidos a los que es imposible cortar el suministro por imperativo legal, superaba los 350 millones de euros. Por poner una comparativa, son casi dos años del bono social español a cargo de una distribuidora de 2,5 millones de clientes.

Pero no se queda ahí la cosa. A todo lo anterior debe añadirse la existencia de fraudes por importe superior a los 100 millones de euros anuales. La empresa ha interpuesto más de 16.000 denuncias (5.000 en los últimos 2 años), habiendo obtenido sólo 85 condenas.

Además, Gas Natural Fenosa, ante la intervención del Gobierno colombiano, se vio obligada a desconsolidar su participación en Electricaribe reclasificándola, por exigencias de la normativa contable, como activo financiero por su valor contable de 475 millones de euros.

Obviamente, si finalmente la compañía opta por la reclamación internacional se hará por la totalidad de su justo valor de mercado, que es muy superior y a la que habría que sumar el agujero creado en las cuentas de la compañía.

Con unas cuentas así, ¿qué compañía eléctrica privada se quiere hacer cargo de ello si liquida finalmente Electricaribe? Si no hay cambio de las reglas de juego será complicado que entre una empresa a hacerse cargo del suministro eléctrico en la zona atlántica de Colombia.

 

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