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Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Córdoba, Cádiz y Santiago de Compostela, ocho de las grandes ciudades de España, han manifestado su rechazo al proyecto de ley sobre pobreza energética del Gobierno.

En un acto conjunto en el Ayuntamiento de Barcelona los ocho ayuntamientos han presentado sus alegaciones al proyecto con que el Gobierno quiere regular el bono social y la figura del consumidor vulnerable.

Los ayuntamientos de Madrid, València, Zaragoza, A Coruña, Córdoba, Cádiz, Santiago de Compostela y Barcelona coinciden en que el proyecto de ley pone en peligro el trabajo que llevan a cabo para garantizar el suministro a las personas en riesgo de exclusión social.

“Esta regulación es una burla”, ha sentenciado la teniente de alcalde de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Ortiz, que ha advertido de los peligros de “una mala regulación que llega tarde y sin escuchar a la ciudadanía ni a los municipios”.

Ortiz ha destacado que el proyecto del Gobierno “deja fuera a mucha gente vulnerable, incrementa la presión a los servicios sociales y exime a las grandes compañías suministradoras mientras penaliza a las pequeñas”.

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