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La Comisión de Expertos diseñada por el Ministerio de Energía y aprobada hace dos semanas en Consejo de Ministros ha vuelto a abrir la caja de los truenos en el sector. Nadie está conforme sobre el modo en el que se ha creado y cómo se designan a los expertos.

Según el Gobierno, esta Comisión deberá estar formada por catorce expertos independientes y de reconocido prestigio, que analizará posibles escenarios de transición energética garantizando la competitividad de la economía, la creación de empleo y la sostenibilidad medioambiental. Estos catorce miembros será el resultado de sumar cuatro designados por el Gobierno, uno por cada grupo parlamentario y tres por los agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE).

Por el momento, los agentes sociales ya tienen los nombres de sus expertos. En el caso de la CEOE, se ha elegido a Guillermo Ulacia, presidente de la Comisión de Industria y Energía de la patronal, para formar parte de ese grupo. Su paso por importantes empresas del sector le hacen idóneo para ese puesto. Inició su carrera profesional en General Motors, continuó en la Corporación Siderúrgica Integral (CSI) que estaba en plena reconversión para convertirse en la privatizada Aceralia. También ha sido presidente y consejero delegado del Grupo Gamesa, y posteriormente, presidente de la Agencia Vasca de Innovación (Innobasque), de la Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal) y del Cluster de Fabricación Avanzada de la Industria del Metal de Asturias (MetaIndustry4).

Por el lado de los sindicatos, Comisiones Obreras podría elegir a Jesús Crespo, nuevo responsable de coordinación del área de energía, donde se incluyen las eléctricas, el gas y la industria extractiva. Crespo también es secretario de Industrias Extractivas donde el objetivo es “que el carbón siga siendo útil”.

Por su parte, UGT podría designar como experto para la Comisión a José Mesa, secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT-FICA, pero según asegura él mismo “es una decisión que deberá tomar la confederación sindical, porque ese experto desempeñará un papel fundamental a la hora de decidir cuál es el camino hacia una transición energética razonable y en materia de cambio climático en España”. Reconoce que los expertos que se propongan por parte tanto de los agentes sociales como de los partidos políticos “por supuesto que no serán independientes, desde UGT tenemos claras nuestras posiciones en materia energética y es evidente que no coincidimos con los postulados de los ecologistas, de cerrar de un día para otro las centrales de carbón o las nucleares y dejar en la calle a miles de trabajadores, por lo que nuestro experto defenderá nuestras propuestas”.

Precisamente, ésa es una de las razones por las que se han quejado los ecologistas. Exigen al Gobierno que se les incluya en la comisión porque es imprescindible reforzar el enfoque de sostenibilidad medioambiental . “Nos sentimos ninguneados porque no cuentan con nosotros”, señala José Luis García, responsable de Energía en Greenpeace, “es indigno que se consideren a los sindicatos y a la patronal CEOE como agentes para participar en la Comisión y no a otros agentes sociales como somos las organizaciones ambientalistas y las de consumidores”.

Un malestar que se comparte también en el sector empresarial. Según fuentes de la patronal, “no tiene sentido que se invite a participar a dos sindicatos y solo a la CEOE, cuando en las negociaciones de los agentes sociales también está la CEPYME, la representante no solo de la pequeña y mediana empresa sino también de los consumidores en general”. Desde su constitución, CEPYME participa como interlocutor en todos los procesos de Diálogo Social y Concertación, “por lo que si hablamos de diálogo social, el Gobierno se lo acaba de saltar porque se ha olvidado de uno, de CEPYME, que tiene un puesto propio”, añaden las fuentes.

“Nosotros ya lo dijimos en su momento, la Comisión de Expertos es simplemente decorativa”, explica Josep Vendrell, portavoz de Podemos en la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados, “de hecho ni se habría convocado si no viniera impuesto por la Unión Europea, que exige que haya debate público para la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética”. Además, añade, que “el PSOE ha pecado de ingenuo al aprobar junto con el PP una Proposición No de Ley en la que se incluía el diseño de este grupo de expertos”.

Ese malestar ha sido confirmado por Pilar Lucio, portavoz del PSOE en materia energética: “No es lo que negociamos con el PP en abril pasado, nuestra propuesta era formar un grupo de expertos independientes a los partidos políticos, elegidos por consenso entre todos los grupos parlamentarios, así que no nos parece bien cómo lo ha hecho el Gobierno”.

En cualquier caso, esta Comisión, que aún no está formada, ni tiene calendario de reuniones ni metodología de trabajo, tendrá un plazo de seis meses para presentar su informe, un plazo que supera el tiempo que tiene el Gobierno para presentar su borrador del Plan Nacional de Energía y Clima (el 1 de enero de 2018), con lo que su aportación llegará tarde.

Y mientras tanto, sin apenas iniciar su andadura, ya no gusta a casi nadie. Ni a los agentes sociales, ni a los ecologistas, ni a las asociaciones de consumidores, ni a la oposición, ni incluso al partido político que apoyó su creación… ¿Se apunta alguno más?

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