Miguel Sebastián escurre el bulto con la gestión del almacén Castor

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El ex ministro de Industria, Miguel Sebastián. FOTO: EFE
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El ex ministro de Industria, Miguel Sebastián. FOTO: EFE
El exministro de Industria, Miguel Sebastián. FOTO: EFE

El exministro socialista de Industria Miguel Sebastián no se siente “culpable” de la indemnización de 1.350 millones autorizada por el Gobierno para la empresa concesionaria del almacén subterráneo de gas Castor, y cree que el Ejecutivo tenía opciones “para pagar menos” a Escal UGS, participada en un 66,7 % por ACS.

En una entrevista concedida a Efe, Sebastián, que firmó el decreto de 2008 que otorgaba a Escal UGS la concesión de ese almacén situado a 21 kilómetros de la costa de Vinaroz (Castellón), ha asegurado que apenas un mes después de asumir esa cartera ministerial se encontró con un decreto “con la tramitación ya hecha” por parte del anterior equipo, comandado por el exalcalde de Barcelona Joan Clos.

Frente a la polémica desencadenada por el pago de esos 1.350 millones de euros, que Escal UGS ya ha cobrado, Sebastián, que fue ministro entre 2008 y 2011, sostiene que el Gobierno actual “podría haber resuelto de otra forma” el problema, “porque el almacén no está operativo”, en contra de lo previsto en aquel decreto. Al no haber entrado en funcionamiento, el Gobierno “podía haber tenido un margen de negociación o de maniobra (frente a la concesionaria) que ha decidido no utilizar”, según su opinión. Sin ánimo de entrar en un debate jurídico, un terreno que deja a los expertos en la materia, Sebastián ha concluido que el Gobierno tenía opciones “para pagar menos” de indemnización.

Por otra parte, a la pregunta de si se siente de alguna forma culpable por el fracaso de este proyecto, Sebastián se ha preguntado: “¿Culpable de qué?”, y ha añadido: “Lo que me sorprende es que los que estaban antes no hayan salido a defender (el almacén), porque fueron los que más trabajaron este tema”, en referencia a sus antecesores en la cartera de Industria.

Sebastián ha asegurado que la indemnización que ha percibido Escal UGS, participada en su mayoría por ACS, y que pagarán los consumidores a través del recibo del gas durante los próximos 30 años, “no es dinero público”, sino de los consumidores de gas, “que son en un 80% la industria”.

Una infraestructura necesaria

En esta línea, Sebastián, que se ha desplazado a Cataluña para participar en el foro empresarial Cornellà Creació, ha argumentado que si ese almacén no hubiera generado seísmos, la infraestructura habría sido útil, ya que pretendía “cubrir riesgos de suministro y a la vez enfriar el precio del gas en caso de puntas de demanda”. El problema principal del almacén Castor fue que hubo “un error en la decisión de dónde ubicarlo”, una decisión en la que subraya que él no participó, y que competía “al ministerio de Medio Ambiente y a la propia empresa”, ha puntualizado.

En cualquier caso, ha admitido que el proyecto Castor “no ha salido como se esperaba”, pero ha subrayado, en consonancia con el argumento esgrimido por el actual ministro de Industria, José Manuel Soria, que “vamos a pagar la mitad para tenerlo hibernado de lo que costaría estando operativo”. “Es muy fácil ser listo a toro pasado”, ha sentenciado Sebastián haciendo balance de esta polémica, y ha recordado que “nadie puso objeciones al decreto” del almacén Castor cuando se aprobó en el Consejo de Ministros.

En cuanto a la cláusula de aquel decreto que ha permitido a la concesionaria percibir una indemnización, ha comentado que también figuraba en la concesión del almacén de gas Gaviota, ubicado frente a la costa de Bermeo, y que era “habitual” en almacenes de gas construidos “en otros países”, y ha recordado que “el Tribunal Supremo la ha validado”.

“En todos los países los almacenamientos de gas recaen sobre los consumidores, porque se benefician de ellos (…) Y los pagan a gusto o bien a disgusto porque es un seguro para tener suministro en caso de que haya problemas”, ha argumentado Sebastián, que no da por completamente muerta la instalación: “Quién sabe si en un futuro el Castor volverá, yo no lo descartaría”.

Reforma eléctrica

Por otra parte, respecto a la reforma eléctrica, Sebastián ha opinado que los costes de llevar la electricidad a las islas Canarias y a las Baleares y las primas a las renovables deberían cargarse a los presupuestos del Estado en lugar de endosarse al recibo de la luz, como sucede actualmente.

En cuanto al nuevo sistema del Gobierno para fijar el precio de la electricidad, que sustituye a las subastas Cesur, el exministro, que ahora imparte clases de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid, ha asegurado que todavía es pronto para evaluarlo, pero que prefiere el sistema de subastas porque el “pool” “mete muchísima volatilidad” al precio de la electricidad.

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