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Pese a que el día anterior, todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, se unieron para presentar una Proposición de Ley para el fomento del autoconsumo eléctrico donde se eliminaba el impuesto al sol entre otras medidas, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, vuelve a defender la necesidad de este peaje: “hay que evitar que parte de la carga del autoconsumidor se traslade a otros consumidores, la oposición propone que solo pague el 60% de los costes del sistema, porque el otro 40% se incluye en la parte variable de la factura, en el consumo, y los autoconsumidores dejarían de pagarlo”.

Pero también critica que se eliminen las trabas administrativas y el registro de las instalaciones de autoconsumo en el Ministerio de Energía obligatorio desde el pasado 11 de abril. “A mi me preocupa tener solo una visión que es la que aparece en la Proposición de Ley, porque está redactada por un sector o por un grupo de personas de un sector”, añade Nadal, “les voy a poner un ejemplo, una instalación de 100 kW es una instalación industrial equivalente a 1.000 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos o el equivalente a unos 150 microondas funcionando a la vez, continuamente”.

Para Nadal, “esa instalación industrial, según esa Proposición de Ley, no tiene que comunicarle a nadie donde se pone, se engancha a la red donde quiere, incluido al lado de una gasolinera, y no se lo comunica a nadie, ni es inspeccionada, y si genera algún tipo de distorsión en el funcionamiento de la red se han bajado las sanciones en esa Proposición de Ley de tal manera, que solo paga un 10% de la factura de la luz, cuando ya existen sanciones muy severas para la distorsión o la puesta en peligro del sistema energético. A mi me parece muy irresponsable. Evidentemente los que han propugnado esta Proposición son los que quieren cobrar y no tener ninguna responsabilidad si ocurre algo. Rebajar de esa manera las sanciones, a mi me sorprende, porque la seguridad es lo primero en el sector energético”.

“Esto que ha dicho el ministro es falso”, responde José Donoso, director general de la patronal fotovoltaica UNEF, “hay muchas instalaciones fotovoltaicas en gasolineras, de hecho fue uno de los primeros programas de BP, un ejemplo que siguieron otras gasolineras por toda España, y no hay constancia de que haya habido ningún problema con ellas”.

Respecto a las instalaciones que se consideran industriales, Donoso explica que “el registro al que obliga el RD 900/2015 a inscribirse cualquier instalación de autoconsumo es puramente recaudatorio, pero la Proposición de Ley no impide que se cumpla el reglamento electrotécnico de baja tensión para cualquier instalación de producción de energía que necesita presentar un proyecto técnico y la autorización de Industria”.

Los diputados de la Comisión de Energía también han criticado la postura de Nadal respecto al impuesto al sol y el autoconsumo. Para Josep Vendrell y Rosa Martínez, portavoces de Unidos Podemos, “lo más llamativo es que el ministro nunca dice nada positivo del autoconsumo, siempre alude a los costes del sistema o a la dificultad de integrarlo en el sistema, por lo que entendemos que hay un rechazo sistemático a una de las herramientas para la transición energética, la democratización del uso de la energía y para el desarrollo de las renovables”.

A la portavoz de Energía del partido socialista, Pilar Lucio, también le sorprende que “el ministro considere que la Proposición de Ley sea de un solo sector cuando no solo lo apoyan todos los grupos parlamentarios menos el PP, sino que además ha contado con la participación de patronales empresariales, movimientos sociales, asociaciones de consumidores y plataformas ciudadanas, es decir, de todos los agentes implicados”.

Proceso legislativo de la Proposición de Ley

En cualquier caso, la Proposición de Ley sigue su curso y ahora el Gobierno tiene un plazo de 30 días para pronunciarse sobre la posibilidad de continuar con la tramitación. Si no dice nada, se considera silencio positivo y se abre el plazo de enmiendas, que es de 15 días, aunque puede ampliarse, pero las posibilidad de que el Gobierno vete la Proposición de Ley son muy elevadas, casi seguras.

Si hay un veto, el texto elaborado en la Comisión de Energía tiene que volver al Congreso para su aprobación por mayoría absoluta o bien, por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde la votación anterior. El proceso culmina con la firma del rey y la publicación de la ley en el BOE.

“Por el momento, el Gobierno no ha dicho nada sobre cuál va a ser su postura, si va a vetar o no la Proposición de Ley”, explica Guillermo Mariscal, portavoz de Energía del PP, “tiene un mes para hacerlo, pero mientras tanto nuestra intención es acercar posturas con el resto del grupos parlamentarios todo lo que se pueda”.

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