El Gobierno ha aprobado una nueva estructura del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. El BOE del pasado sábado publicaba dicha reorganización en la que seguía otorgando a la Secretaría de Estado de Energía la potestad total sobre el control de las tarifas y los peajes eléctricos.
“Art. 3.1 Apartado d): ) La elaboración de propuestas sobre regulación y, en su caso, aprobación de tarifas, precios de productos energéticos y peajes, cánones, cargos, así como la retribución de las actividades llevadas a cabo en el marco del sector energético de acuerdo con la legislación vigente”.
Dicho artículo va directamente contra lo que piensa la Comisión Europea que prefiere que sea el órgano regulador independiente, en el caso español, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quién realmente tome control sobre las tarifas y los peajes eléctricos.
Es por ello, que cuando el Gobierno aprobó ese cambio la CNMC envió a Bruselas la documentación y se abrió un procedimiiento sancionador contra España por ser uno de los dos únicos países de la Unión Europea cuyo Ejecutivo poseía el control sobre las tarifas eléctricas.
Es por ello, que con ese expediente abierto, el Gobierno mantiene el pulso, ya no solo a la CNMC sino a Bruselas, concretamente con el departamento que dirige otro español, Miguel Arias Cañete, del mismo partido que el actual Gobierno español y amigo del ministro de Energía, Álvaro Nadal.
Energía ya avisó a Bruselas en su defensa que ya se sentía preocupada por la progresiva transferencia de competencias a instituciones no democráticas. Se abría un melón, un frente entre el Gobierno y la CNMC cuyo último capítul se vivió el pasado viernes cuando el Gobierno decidió arrabatarle al organismo regulador las funciones sobre las liquidaciones del sistema eléctrico o la supervisión de los hidrocarburos líquidos.
Fuentes de la CNMC han señalado a El Periódico de la Energía que con la nueva reestructuración el Gobierno se saltaría algunas directivas comunitarias. Entre ellas, con el Art. 3.1 d) el Gobierno contravienen los arts. 37.1 a) de la Dir. 2009/72/CE y art. 41. 1 a) de la Dir. 2009/73/CE.
Además, según un documento interno, la CNMC afirma que “con posterioridad a la apertura del procedimiento de infracción se ha aprobado el Código de Tarifas de Red, que atribuye las competencias al regulador en materia de fijación de tarifas así como su estructura en el sistema gasista. El citado Código, Reglamento UE, 2017/460 de la Comisión de 16 de marzo de 2017 tiene efecto directo y armoniza las estructuras tarifarias de transporte de gas. Entre otros, se vulneran los arts. 4, 6, 10, 13, 14, 26, 27 y 28”
Asimismo, la CNMC afirma que con la nueva normativa también “se vulnera el artículo 22 del Reglamento 347/2013, en relación con las tarifas correspondientes a las infraestructuras de interconexión”.
La batalla entre la CNMC y el Ministerio de Energía no se quedaría ahí, ya que Competencia piensa que el Gobierno ha aumentado su control de funciones. Así, en el Art. 3.1 Apartado ñ) y el Art. 4.1 Apart. w) habla sobre la extensión de las competencias al Ministerio en materias como la inspección a comercializadoras como la separación de actividades.
En el organismo regulador piensan que este nuevo paso dado por el Gobierno se contraviene lo establecido en norma con rango de ley, esto es, arts 7. 3 y 7.32 de la Ley 3/2013, de 4 de junio de creación de la CNMC.