El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Álvaro Nadal, ha reprochado a Podemos que se dedica más a protestar contra la pobreza energética que a trabajar para paliarla y le ha instado a seguir el ejemplo de consenso del PSOE y Ciudadanos.
Nadal ha criticado la actitud de Podemos durante su respuesta a una pregunta de la diputada Irene Montero sobre la Ley de Vivienda de Murcia, que establece la obligación de las suministradoras de servicios básicos (agua, luz y gas) de pedir información a los Servicios Sociales sobre la situación de las familias antes de proceder al corte del suministro.
Montero preguntaba al Gobierno por los motivos por los que ha recurrido la ley, a los que el ministro ha respondido que su información no es correcta, puesto que la norma no ha sido recurrida.
Según ha explicado, la comisión bilateral Gobierno-Región de Murcia están negociando para evitar el recurso ante el Tribunal Constitucional.
Ha explicado que el Estado posee competencia exclusiva en materia energética y las comunidades autónomas en materia social, pero ha subrayado que, de acuerdo con varias sentencias del Constitucional, una política social no puede generar gasto al conjunto del país.
“No es una postura del Gobierno”, ha recalcado el ministro, que ha resaltado que el decreto ley convalidado ayer por el Congreso sobre medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica trata de enlazar “por primera vez” ambas competencias.
Ha destacado que el decreto se ha elaborado junto al PSOE y Ciudadanos, mientras que Podemos no ha querido “aportar nada” y se limitó a mandar “un papel de ‘hayques'”. “Que hagan los demás, nosotros protestamos”, ha criticado.
“Para protestar los primeros, pero para trabajar no tienen ninguna capacidad”, ha concluido el titular de Energía.
La diputada de Podemos ha reconocido que desconoce en qué trámite se encuentra la ley, pero ha recalcado que, en cualquier caso, el Gobierno le ha cogido “gustirrinín” a recurrir normas de las comunidades autónomas que tratan de garantizar el acceso a una vivienda digna.
El resultado, según Montero, es que se está vulnerando “sistemáticamente” un derecho fundamental alegando que hay un conflicto de competencias entre el Estado y las autonomías.
Y ha propuesto al Gobierno que “en lugar de dedicarse a recurrir leyes que garantizan derechos, se ponga a hacer una ley de vivienda digna y adecuada”.
Ha explicado que esa norma debería evitar que se pueda cortar la luz a quien no puede pagarla, prohibir los desahucios sin alternativa habitacional y obligar a la cesión de viviendas vacías.
“En definitiva, pónganse ustedes al servicio de la gente y no al servicio de los especuladores y de las entidades financieras”, ha subrayado.